INDUSTRIA
Los trabajadores piden a la Justicia que pare cautelarmente el cierre de Alcoa
Presentarán antes de 20 días la demanda para impugnar el ERE por el que se despedirá a 524 operarios y se hibernarán las cubas
A la espera de que el Gobierno de España «mueva ficha» y anuncie la intervención de la única fábrica de aluminio primario que sigue funcionando en el país, el comité de empresa ha iniciado las gestiones para impugnar el ERE que pretende aplicar Alcoa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) . Mientras no llegue el juicio, los trabajadores de San Cibrao esperan que se concedan medidas cautelares para evitar el cierre de la planta.
En esa impugnación, para evitar el despido de 524 trabajadores -y la hibernación ordenada de las cubas hasta el primer trimestre del próximo año-, están trabajando las asesorías jurídicas de los sindicatos desde el fracaso de las negociaciones y hoy está prevista una reunión con la autoridad laboral para coordinar las actuaciones a desarrollar en los próximos días.
Fuentes sindicales explicaron a Efe que la idea es presentar la demanda judicial lo antes posible, dentro del plazo de veinte días hábiles tras la comunicación formal de la empresa, que el pasado viernes anunció su intención de ejecutar el ERE, despedir a 524 trabajadores e hibernar las cubas. La parada de la electrólisis complicaría el futuro de la planta, dado que rearrancarlas en un futuro supondría una importante inversión económica. Además de impugnar judicialmente el ERE, los representantes de los trabajadores tienen previsto solicitar medidas cautelares para impedir que Alcoa pueda aplicar los despidos o parar las cubas de electrolisis antes de la celebración del juicio.
Entretanto, los trabajadores siguen con la huelga indefinida y controlan los dos accesos principales a la fábrica para evitar la salida de aluminio del complejo industrial de Cervo. Además, después de la manifestación de los alumnos de secundaria del pasado domingo, el comité prepara nuevas acciones de protesta y anuncia que serán más contundentes.
Tras la negociación frustrada con Liberty House, el pasado viernes Alcoa anunció el despido colectivo de 524 trabajadores de la factoría. La multinacional estadounidense se ha negado a vender la factoría al grupo inglés y también al Estado que ofreció comprarla a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. La decisión de cerrar la planta de aluminio de San Cibrao ha causado un fuerte malestar tanto en la Xunta como en el Gobierno central que ha acusado a Alcoa de no facilitar la operación para evitar competencia en España.
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