CRISIS INDUSTRIAL
El Supremo decide el futuro de Alcoa San Cibrao mientras el Gobierno no ofrece soluciones
El alto Tribunal se reúne mañana para analizar la sentencia del TSXG que había declarado nul el ERE
El Tribunal Supremo se reunirá mañana miércoles para decidir el futuro de la última planta de aluminio primario que queda en España . Analizará la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declaró nulo el ERE por el que Alcoa quería despedir a 524 trabajadores de su planta de San Cibrao . La deliberación del Supremo se produce después del recurso de la multinacional estadounidense y con las negociaciones para una posible venta de la factoría estancadas. Los trabajadores exigen que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera la planta. Pero el Gobierno central, que hace unos meses estuvo negociando la compra, cambió de idea y ahora sigue negándose.
En diciembre de 2020, el TSXG consideró nulo el ERE presentado por Alcoa en mayo de ese mismo año. La Justicia gallega acusó a la multinacional de negociar de «mala fe». Los magistrados concluyeron que la intención de la compañía siempre fue «paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre» y consideraron que con la oferta de ERE que realizó al comité de empresa pretendía «vestir lo mismo, pero de una manera diferente». Según el TSXG la multinacional entró en la negociación «con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final». Alcoa, que ha asegurado, que siempre actuó «de buena fe» recurrió el fallo. Si el Supremo les da ahora la razón los despidos podrían ejecutarse dejando a la Mariña lucense sin una de las principales fuentes de empleo en la comarca . A parte de la plantilla directa, otros 500 trabajadores dependen de la industria auxiliar.
Los trabajadores, que han retomado la huelga paralizada para favorecer las negociaciones de venta, llevan tiempo denunciando que el Gobierno central deja en manos de la Justicia la solución a un conflicto que debería ser política. Mañana esperarán el dictamen del Supremo con dos nuevas movilizaciones en la fábrica, una a las 11.00 horas y otra a las 20.00 . El Ejecutivo central fía la resolución a lo que dictamine la Justicia y sigue «sin ponerse en contacto» con los trabajadores, recriminó este lunes el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan en declaraciones a Ep. «Siguen sin decirnos nada, tienen paralizada toda la negociación, realmente parece que están de acuerdo con Alcoa, en como hacen las cosas», criticó. Zan acusó al Gobierno que preside Pedro Sánchez de que «no pone nada de su parte para buscar una salida a la situación». «Y esto nos está llevando a que la Mariña lucense tenga que movilizarse día sí, y día también, para luchar por su futuro», añadió.
«Las multinacionales son unas auténticas arpías, unos chupópteros de la financiación industrial, de la financiación estatal y autonómica, pero quien les permite hacer todo esto y jugar a su favor es el Gobierno de España, que tendría que tomar una decisión que ellos mismos pusieron encima de la mesa», explicó el presidente del comité. « No puede ser que digan que suspendamos una huelga para poner a negociar a la SEPI y ahora la SEPI no quiera comprar la empresa» . Tras varias semanas jugando a la ambigüedad en junio de este año el Gobierno central reconoció abiertamente que no estaba dispuesto a nacionalizar la fábrica temporalmente para venderla a un inversor interesado. Se abrió entonces un periodo para que Alcoa negociase directamente con las empresas dispuestas a hacerse cargo de la factoría de aluminio, pero nunca se cerró ninguna venta. La multinacional estadounidense asevera que los altos precios de la electricidad harían inviable su continuidad y exige al Gobierno que los baje o que adquiera directamente la planta.
De fondo resuena todo el proceso de venta de las plantas de aluminio que Alcoa también poseía en La Coruña y Avilés . Vendidas por un euro al fondo suizo Parter, este las revendió poco después, incumpliendo el acuerdo, al Grupo Industrial Riesgo. Los compradores pagaron 13 millones de euros por las factorías, pero no desembolsaron ni un céntimo de su bolsillo, sino que tomaron prestado el dinero de la caja de la empresa. Todo el proceso está judicializado ante la sospecha de que las verdaderas intenciones de Riesgo eran saquear las plantas para llevarse todo lo posible y a continuación cerrarlas. La Policía detuvo ya a los responsables de la compañía, que quedaron en libertad con cargos, y la jueza María Tardón ha ordenado que repongan los 13 millones de euros.
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