ASTILLEROS
Los sindicatos de Barreras buscan vías para evitar los 100 despidos
Estudian acciones penales contra el administrador concursal y el anterior propietario
La autorización judicial para vender Barreras a los astilleros Armón ha sentado como un jarro de agua fría en la plantilla del que había sido durante años el mayor astillero privado de España. De los 120 empleados directos, 100 serán despedidos. Los trabajadores secundaron esta mañana protestas, con una concentración ante las instalaciones. Saben que resultará difícil mantener los puestos de trabajo, ya que el auto Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, no admite recurso. Pero aseveran que explorarán todas las posibilidades, incluida la vía penal, para intentarlo.
«Es una vergüenza que no se exija lo que se tiene que exigir», asegura en declaraciones a ABC, Sergio Gálvez, presidente del comité de empresa. El administrador concursal eligió la oferta de Armón y la jueza lo autorizó pese a que no garantizaba el mantenimiento de todo empleo. Sobre la mesa había otro comprador interesado, Gondán que sí ofrecía mantener a toda la plantilla. Pero el precio que pagaba por adquirir las instalaciones era menor. Armón desembolsará 14,7 millones de euros. De este precio habrá que descontar 4,7 millones que costará indemnizar a toda la plantilla. Se irán con lo que establece la legislación en despidos en el marco de un concurso de acreedores, sólo 20 días por año trabajado . Quedan 10 millones para pagar a los acreedores, fundamentalmente industrias auxiliares que habían trabajado para Barreras en la construcción del minicrucero de lujo Evrima. La oferta de Gondán ascendía a 5,5 millones. En su auto, la jueza explica que se tomó la decisión porque el importe ofrecido por Astilleros Armón Vigo destinado al pago de los acreedores «es superior en términos porcentuales a la cifra ofertada por Gondán en más del 45%».
Pero los trabajadores consideran que no hay tanta diferencia si se suman otras partidas. «Gondán promete 8 millones en inversiones y Armón entre 4 y 6», ejemplifica. «No hay tanta diferencia entre una oferta y otra», subraya. En su opinión, no se puede decidir despedir a toda una plantilla por «unos tres millones de euros» de diferencia entre ofertas.
Los sindicatos también discrepan con la jueza sobre el impacto en el empleo que tendría un posible impago de parte de la deuda con las industrias auxiliares. En la resolución, la titular del Juzgado de lo Mercantil, recoge que sacrifica a 100 trabajadores de Barreras para que los acreedores puedan cobrar sus deudas y así salvar a sus empleados que ascenderían a unos 6.000. Para el comité de empresa de Barreras asegura que no hay riesgo para tal cantidad de trabajadores. «Hay unas 80 empresas acreedoras, pero sólo 35 tienen una deuda superior a los 100.000 euros. Son en general cantidades pequeñas que no ponen en riesgo su superviviencia», subraya Gálvez. Asevera, además, que las que tenían problemas pudieron acogerse a préstamos con bajos tipos de interés que facilitó la Xunta, por lo que en realidad «no hay peligro» para el empleo en las auxiliares.
Con la vía administrativa agotada, la plantilla estudia acciones penales . «Estamos viendo el tema de la administración concursal porque parece que hay errores, que no parecen que sean errores veniales, de no me doy cuenta», asevera Gálvez. También estudian demandar a los antiguos propietarios del astillero , la armadora que construía el crucero de lujo para Ritz Carlton. Los continuos sobrecostes del buque fueron los principales responsables de la quiebra de Barreras. Y los trabajadores consideran que pudo haber mala gestión . «Decían esta tubería completa de acero inoxidable me la quitas y va para la chatarra, con el coste que eso tiene», ejemplifica Gálvez. El presidente del comité recuerda que el Evrima tuvo 100 millones de euros de financiación pública y ahora «se le permite a la naviera que despida a los trabajadores».
Los trabajadores continuarán también las protestas. El próximo miércoles se concentrarán ante la sede de la Xunta en Vigo porque consideran que la administración autonómica los ha dejado abandonados. «Nos dicen que es una empresa privada, pero había una salida», denuncian en relación a la oferta de Gondán.
Noticias relacionadas