Rechazo al posible cobro de peajes por usar las autovías

El cobro de peajes por usar las autovías e incluso las carreteras de gran capacidad a partir de 2024 empieza a levantar un aluvión de críticas desde Galicia. La propuesta ha sido remitida por el Gobierno central a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. La Xunta, la Diputación coruñesa y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) mostraron hoy su rechazo a una medida, que en palabras de la titular de Infraestructuras, «alejaría» aún más a Galicia del resto del Estado .

La Xunta «no va a permitir» una alternativa que empeore todavía más «la situación periférica de Galicia» , señaló la conselleira Ethel Vázquez en respuesta a preguntas de los periodistas tras reunirse con representantes de la patronal coruñesa. Vázquez censuró que el Gobierno central esté trasladando mensajes poco claros ante un asunto de tanto calado. Criticó también la falta de concreción del Ejecutivo y la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas, que tienen competencia en materia de autovías. Esta autonomía está «en el córner de España», explicó Vázquez, para quien medidas como esta la «alejarían» aún más del resto del país.

El posible cobro por el uso de las vías estatales tampoco ha gustado al presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso. El también secretario provincial del PSdeG confió en que la propuesta no llegue a materializarse y que esta cuestión no deje de ser «un globo sonda». Por su parte el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, expuso que todavía «no hay nada al respecto» y que no tiene sentido hablar aún del tema sin saber «ni cómo ni cuándo ni la estructura del mismo».

La CEG remitió un comunicado en el que rechaza con «contundencia el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de la red estatal de alta capacidad (autovías y autopistas) a partir del año 2024, pero que también contempla la posible extensión de ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales». La patronal gallega alerta que de ponerse en march a podría suponer «el cierre» de empresas gallegas . La medida, argumenta la CEG, «contribuye a perjudicar todavía más la competitividad de las empresas gallegas, dañando la ya maltrecha economía». La patronal apunta además al posible incremento de los accidentes de tráfico al derivarse el tráfico a las vías convencionales en peor estado y a la pérdida de tiempo de usuarios y transportistas.

«Hay que tener en cuenta el déficit en infraestructuras que sufren determinadas zonas de la comunidad autónoma, desde la cuales solo es posible desplazarse a través de autovías; y la falta en muchos casos de un sistema de transporte público adecuado y alternativo al desplazamiento en medios particulares», prosiguen los empresarios gallegos.