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«Profunda decepción» en los Franco tras la sentencia que les obliga a entregar el Pazo de Meirás al Estado
Estiman que hay «un ensañamiento innecesario» al negar cualquier indemnización por los gastos del inmueble en los últimos cuarenta años e imponer las costas procesales
Los abogados de la familia confirman que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial de La Coruña al entender que la juez de primera instancia «no ha considerado la inmensa mayoría» de sus argumentos
Baño de agua helada para la familia Franco tras conocerse la sentencia del Juzgado nº1 de Primera Instancia de La Coruña que determina que el Pazo de Meirás es de propiedad del Estado y debe ser devuelto al mismo sin que, además, los herederos del dictador perciban un solo euro en concepto de indemnización por los gastos de mantenimiento del inmueble durante los últimos 45 años. Pero darán la batalla judicial hasta el final, según ha asegurado a ABC el albacea y abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. «La sensación es de profunda decepción», ha reconocido, «es una sentencia que no nos podíamos imaginar . Podemos entender que nos quitasen la razón, pero esta sentencia...»
En la sentencia, conocida este miércoles, la juez Marta Canales estima que no cabe indemnizar a los Franco ya que han sido «poseedores de mala fe» del Pazo fruto de las irregularidades en el contrato de compraventa que el dictador suscribió en 1941. Además, se les imputa a los herederos las costas procesales. «Imputarles mala fe a mis clientes por una supuesta simulación del año 41 es increible», ha sostenido Utrera-Molina, «aprecio un desequilibrio importante, es un ensañamiento innecesario» . Sobre la condena en costas, la jurisprudencia sostiene que debe repartirse entre demandante y demandado cuando un caso presenta «serias dudas de hecho y de derecho», pero la magistrada las carga sobre los Franco, a pesar de que en la sentencia reconoce «el peso histórico del proceso» y el «alto debate jurídico» suscitado durante la vista oral, que tuvo lugar el pasado mes de julio.
«Mis clientes tenían la confianza de que se encontrarían una sentencia ajustada a derecho y no podemos decir que esta lo esté», ha añadido Utrera-Molina, «están ciertamente tristes y decepcionados, pero decididos a llegar hasta el final. Seguimos confiando en que la justicia se abrirá paso y se reconocerá su derecho». «Nadie puede sostener que mis clientes durante estos 44 años han poseído de mala fe cuando el Estado les giraba el IBI y lo abonaban, costearon de su bolsillo la reconstrucción del Pazo tras su incendio», ha lamentado el abogado, «cuanto menos la decisión de la juez es discutible».
Recurso a la Audiencia Provincial
Utrera-Molina ha confirmado a ABC que interpondrán recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña, para el que disponen de veinte días hábiles desde la recepción de la sentencia. Tanto él como su compañero Antonio Gil Evangelista creen tener «todas las puertas abiertas» para impugnar este primer fallo, del que critican «que reproduce en un altísimo porcentaje los alegatos» de la Abogacía del Estado mientras que los presentados por la defensa «no son ni aceptados ni rebatidos», sencillamente «no han sido tenidos en consideración». «Es bastante decepcionante», ha reconocido Gil Evangelista en conversación con este periódico.
Respecto a la posesión «de mala fe» que permite privar a los Franco de una indemnización por los gastos sufragados en el mantenimiento del Pazo, Gil Evangelista se muestra sorprendido porque la juez haya aceptado un argumento que no fue incorporado inicialmente por la Abogacía en su escrito de demanda. «No hubo nunca un requerimiento previo a la demada cuestionando el título de propiedad» de los herederos. Este giro en la estrategia de la Abogacía se materializó en la audiencia previa, celebrada en enero, y ahora lo asume plenamente la juez en la sentencia. «Esto no lo sostiene el ordenamiento legal, no es procesalmente válido», ha defendido el abogado de la familia, «es injusto que quienes se dejaron un dinero en rehabilitar el Pazo tengan que entregarlo sin recibir un solo euro».
También ha generado sorpresa el hecho de que la juez no considere válidos los recibos del pago del IBI y los seguros sobre el Pazo aportados por la defens a , a pesar de que no considera acreditado que la contribución del inmueble la abonara ni el Estado ni el Ayuntamiento de Ferrol, como se llegó a especular en el juicio. «Si el Estado no impugna la veracidad del recibo, ¿cómo pruebo yo que Franco pagó una cantidad de dinero en el IBI en el año 50?», se ha preguntado Gil Evangelista.
La sensación en la representación legal de los Franco es que, a la hora de elaborar el relato de hechos probados, solo se han tenido en cuenta «de manera sesgada y aislada» los argumentos del Estado , suscritos además por el resto de administraciones públicas demandantes —Xunta de Galicia, Diputación Provincial y ayuntamientos de La Coruña y Sada—.
Utrera-Molina se ha mostrado más crítico al señalar que la sentencia «se basa en gran medida en los hechos narrados en un libro [«Un Pazo, un caudillo, un expolio», de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo] de unos historiadores antifranquistas . Llega a reproducir párrafos literales cuando esto no es una prueba plena, no es una escritura pública». «Hay afirmaciones en la sentencia de que determinados hechos no se consideran acreditadas pero que, sin embargo, se dan por probables. O se considera acreditado o no», ha recalcado, «hay un desequilibrio evidente en el relato de los hechos». Por ejemplo, el albacea echa en falta en la sentencia alguna referencia a la documental que aportó la familia, como «las declaraciones de la Renta desde 1950 en las que Franco declara como propiedad el Pazo y los rendimientos de la explotación agrícola».
Administraciones satisfechas
Diferentes representantes del Gobierno central, de la Xunta, alcaldes y partidos políticos aplaudieron la vuelta al patrimonio público del Pazo de Meirás, tras conocerse una sentencia que ha sido recibida como una victoria democrática por administraciones de distinto color político.
«Es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español» , aseguró la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde Galicia, el delegado del Gobierno, Javier Losada, recordó que «evidentemente que habrá recursos», pero manifestó que «la primera impresión de esta sentencia es muy contundente». Además animó a partidos y ayuntamientos a reclamar otros bienes de la familia Franco, como la Casa Cornide en La Coruña.
Para la Xunta, esta sentencia «es una buena noticia para el Estado de Derecho que demuestra que funciona» , subrayó el conselleiro de Cultura en funciones, Román Rodríguez. El conselleiro recordó el acuerdo unánime en el Parlamento gallego por el que se instó a la Xunta a la creación de una comisión «para elaborar una serie de criterios y argumentos jurídicos» que posteriormente fueron recogidos por la Abogacía del Estado en su demanda.
El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, también aplaudió la noticia. Supone «un gran paso» y ratifica que el inmueble «forma parte del patrimonio público», consideró. El regidor de Sada, Benito Portela, destacó que el fallo pone fin a la «detentación ilegal y fraudulenta del inmueble» por los herederos del dictador, mientras la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, celebró con «enorme satisfacción» una sentencia «histórica» que supone «restaurar la memoria colectiva». La decisión judicial, añadió Rey a Efe, les anima a «seguir luchando para la devolución de la Casa Cornide al patrimonio de los coruñeses», en referencia a otra propiedad de los Franco en la ciudad que también reclama la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica.
Los representantes de los partidos políticos también mostraron su satisfacción. «Una gran noticia y una victoria del Estado de Derecho . El trabajo serio y riguroso de la Xunta y de los grupos del Parlamento Gallego vuelve a dar resultado», escribió el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, en Twitter. El PSdeG y el BNG coincidieron en que se debe proseguir este camino para recuperar no solo la Casa de Cornide sino también las estatuas del Pórtico de la Gloria en manos de la familia Franco «para hacer justicia a las víctimas de este expolio y para restituir la memoria histórica y la dignidad colectiva».
El portavoz de Galicia En Común en el Congreso, Antón Gómez Reino, consideró que la sentencia supone «una victoria democrática que finalizará con décadas de impunidad» . En similares términos, se pronunció la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña, que considera una «victoria de la democracia y de la justicia social» un fallo «que se consgiue después de mucho trabajo de la ciudadanía y de diferentes instituciones».
Además, los denominados 19 de Meirás, que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por los Franco, reclaman el archivo de la causa contra ellos después de la sentencia que establece que el pazo es patrimonio público. «Hoy tiene menos sentido que nunca», indicaron para pedir mantener «la lucha» hasta que haya sentencia firme.
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