El TS da plena vigencia a la norma de viviendas turísticas de la Xunta

La Xunta estaba en lo cierto: su normativa sobre alojamientos turísticos se vio este miércoles avalada por el Tribunal Supremo . Así se supo tras anunciarse que se anulaba la sentencia conocida en octubre, en la que quedaba invalidada la parte de esta regulación en la que se afirmaba que este tipo de viviendas solo podían comercializarse de manera íntegra , y no en el formato de estancias por separado.

De esta manera se desoye la reclamación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de la Abogacía del Estado: la CNMC es defensora de esa comercialización por estancias y ya ha realizado varios recursos a la normativa de Galicia . El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya había dado la razón al Ejecutivo autonómico en 2018 después de que la CNMC hiciese una primera reclamación. En aquel momento la Xunta decidió seguir adelante y no cambiar ni una coma del texto, pero el Supremo quitaba la razón al Ejecutivo autonómico. Ahora, tras el recurso, se la devuelve y avala la legalidad completa del texto gallego.

Para conseguirlo la Xunta presentó en el mes de noviembre un incidente de nulidad, ya que desde San Caetano se entendía que « se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva , ya que la sentencia prentendía anular un artículo del decreto 12/2017 que ya estaba contenido previamente en la ley 7/2011». Así, el Alto Tribunal atiende la reclamación gallega. Desde la Consellería de Cultura se sostiene que esta norma es «razonable» y sirve para «regular con eficacia» un fenómeno global como el de las vivendas de uso turístico . Galicia no es ajena a ella, y ciudades como Santiago están viviendo una creciente oleada de este tipo de alquiler, al que el pleno de la ciudad ya ha planteado un veto durante este año mientras se intenta atajar la proliferación ilegal de este alojamiento y se analiza cómo regular el fenómeno, de forma que convivan en armonía con las viviendas de tipo residencial.

Sobre la inspección, la Xunta también destacó ayer en un comunicado que «intensificará su labor de inspección, garantizando la seguridad y un marco de convivencia e impidiendo el intrusismo ». Así, desde el 1 de enero y con la llegada del nuevo año entraron en vigor mejoras en la regulación para «seguir dando pasos adelante» en la ordenación de este tipo de establecimientos e incidiendo en frenar esa oferta ilegal.

La Xunta cuenta con un registro en el que se debe aparecer para poder tener un establecimiento de este tipo. Y ahora, estas viviendas deberán reflejar, allá donde se oferten, ese número de registro , así como enviar trimestralmente al Gobierno gallego sus datos de ocupación. Este mes de enero se producirá una labor informativa, a pesar de que haya entrado en vigor con el inicio del año 2020. En total existen reguladas en Galicia 9.872 viviendas de este tipo, un 0,6% del total de las existentes en la Comunidad. En cuanto a las inspecciones, de los 107 expedientes abiertos sobre estas viviendas (64 fueron de oficio y 43 a partir de denuncias) 31 acabaron derivando en una sanción.