La 'Operación Pulpo' pierde tentáculos

La ingente montaña de asuntos pendientes en forma de macrocausas que dejó Pilar de Lara en su Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo antes de ser sancionada y apartada por el Consejo General del Poder Judicial sigue diluyéndose, poco a poco, como un azucarillo, en la nada más absoluta. Su sustituto en la plaza, el juez Joaquín Brage, acaba de decretar el sobreseimiento de la pieza que dio pie a la ‘ Operación Pulpo ’, por la que acabó imputado el exlíder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro y que denunciaba un supuesto sinfín de irregularidades en la gestión de la Diputación de Lugo, que poco a poco están quedando en nada.

La pieza original nada tenía que ver con la gestión política de la Diputación, sino que traía causa de un supuesto caso de acoso laboral en el área de Protocolo del ente provincial entre el jefe del servicio, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, y dos de los trabajadores bajo su mando, A. M. A. y S. R. T.. Estos dos subordinados presentaron una «denuncia administrativa» contra Pulpeiro ante la Presidencia de la Diputación. Pero una mano misteriosa (y anónima) deslizó una copia de la denuncia por la puerta de las oficinas del PP en el Pazo de San Marcos, que dio traslado de la misma a la Fiscalía para que obrase como considerara. El Ministerio Público practicó ciertas diligencias y el caso entró en el Juzgado que entonces dirigía Pilar de Lara. De esto hace casi ocho años.

Ahora, el juez Brage da carpetazo al caso porque «habiéndose realizado todas las diligencias que se han considerado necesarias», «una instrucción no solo larguísima en el tiempo, sino también exhaustiva», nada sostiene lo recogido en la denuncia administrativa contra Pulpeiro, más allá del testimonio de la teórica víctima, A. M. A.

Ni siquiera el otro denunciante, S. R. T., corroboró «en lo sustancial los hechos denunciados» . Tampoco resultaron esclarecedores las declaraciones de una decena de testigos: ninguno presenció el supuesto trato ultrajante del jefe de Protocolo a Andrade y, más bien al contrario, sí dejaron entrever que esta no asumía de buen grado su situación de inferioridad jerárquica, «dio lugar a varios incidentes» en actos oficiales y en la relación con distintos departamentos de la Diputación, que provocaron que se la fuese apartando hacia otras tareas administrativas.

El juez Brage considera que no se dan los indicios necesarios para sostener por la vía penal una investigación por acoso laboral. Incluso ve «discutible» que «los hechos inicialmente denunciados presentaban entidad suficiente para considerarlos ya de entrada como eventualmente constitutivos de un delito de acoso laboral», como hizo De Lara. Pero el actual titular de Instrucción nº1 evita críticas a mayores y zanja el debate con que «lo que interesa en este momento procesal» es que «la mayoría de los hechos denunciados aparecen más bien desmentidos por las testificales» y «no existen indicios racionales de ningún tipo de acoso laboral».

La ‘Pulpo’ enfila la suerte de la ‘Pokemon’. La presunta trama corrupta en la Diputación sigue viendo, lentamente, cómo se cercenan sus tentáculos. Primero fueron una pieza sobre la creación y adjudicación de la plaza de jefa de comunicación de la Diputación, otra relativa a una serie de adjudicaciones a la exjefa de gabinete de López Orozco y una más relativas a contratos con diversas empresas de Lugo. El pasado agosto, otra sobre los gastos sociales en la Diputación, y en febrero, la relativa a las subvenciones al Club Baloncesto Breogán.