TRAS UN RECURSO DE LA XUNTA
La justicia anula los nombramientos de habilitados nacionales en el Area Metropolitana de Vigo
Un juzgado entiende que la designación del secretario, tesorero e interventor «no se ajusta a derecho». Estos tres trabajadores del concello vigués fueron nombrados por la Diputación de Pontevedra a través de un decreto en 2016
El laberinto del Área Metropolitana de Vigo vuelve a dar un nuevo giro, en esta ocasión para confirmar su parálisis . La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número dos de Pontevedra María Dolores Rodríguez, ha anulado el nombramiento por parte de la Diputación de Pontevedra de tres funcionarios como secretario, interventor y tesorero del Área Metropolitana de Vigo , al entender que «no es ajustada a derecho».
De esta forma, en la sentencia, la jueza estima el recurso presentado por la Xunta contra la resolución de la Diputación de Pontevedra de diciembre de 2016, por la que acordó comisiones circunstanciales respecto a estos tres funcionarios —que desempeñan en el Ayuntamiento de Vigo las mismas funciones para las que fueron designados en el Área—. Así, deja tal resolución «sin efectos» , según informa Europa Press.
En concreto, la magistrada apunta que «resulta evidente que las comisiones circunstanciales acordadas para el desempeño de las funciones de secretario, interventor y tesorero del Área Metropolitana de Vigo no tienen encaje en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 47 del Decreto 49/2009» , que es en la que se fundamenta la resolución.
Además, contrariamente a lo que mantenían la Diputación y el Área, mantiene que como los puestos de secretario, interventor y tesorero del Área Metropolitana de Vigo «no existían cuando se dictó la resolución», tendría que «procederse al nombramiento de funcionarios por el procedimiento legal, sin que exista laguna legal alguna al respecto».
Finalmente, añade que «tampoco se puede acoger el argumento de la parte demandada referido a la necesidad de atender unas funciones, dado que no se habían cumplido los requisitos para la efectiva puesta en funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo». El palo en la rueda fue la negativa del concello vigués a integrarse en el plan de transporte metropolitano de Galicia , rechazo que tuvo como consecuencia la decisión de la Xunta de paralizar el funcionamiento del Área, que acabó avalando un juzgado .
Por todo ello, mantiene que la resolución «no puede dar cobertura legal al acuerdo adoptado, y por lo tanto, debe ser anulada y dejada sin efecto» . En este contexto, la jueza condena a la parte demandada a abonar las costas. Contra la sentencia se puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
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