La tentación de la censura

La libertad de expresión es uno de los fundamentos de las democracias modernas y una premisa indispensable de una concepción liberal del modelo democrático. La libertad de expresión no tiene límites. En todo caso, tiene consecuencias . Somos las personas, y no los Estados y mucho menos los gobiernos, las que tenemos que ser responsables del uso de las libertades y, entre ellas, de la libertad de expresión. Lo contrario a la libertad de expresión es la censura previa. Se trata de una herramienta usada por regimenes dictatoriales y justificada desde ideologías autoritarias y, singularmente, desde el comunismo.

Una democracia puede juzgar los contenidos una vez expresados, pero no puede controlarlos con anterioridad. En cualquier caso, sólo el poder judicial tiene la capacidad de determinar si el autor de un mensaje puede haber obrado en contra de la ley, si ha sido injurioso o calumnioso, si ha incitado al odio o la violencia o si ha ejercido una apología de actitudes lesivas para el Estado o para la convivencia. Y por ello es verdaderamente preocupante el «Procedimiento contra la desinformación» que el Gobierno ha publicado en el BOE. Lo es cuando señala, por ejemplo, que «el enfoque no es sólo técnico, sino también de valoración de los mensajes». O cuando dice que se busca «mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en que se difunde, además de evaluar su contenido».

No. No es un error ni una demostración de ignorancia. Ningún órgano del Gobierno, y mucho menos su gabinete de comunicación, al que solemnemente se denomina Secretaría de Estado de Comunicación , debería tener potestad para «valorar los mensajes» o para «evaluar su contenido». Eso sólo lo puede hacer un juez, una vez que ese contenido ha sido difundido. Y lo hará, no sólo en función de lo que se ha dicho, sino de dónde se ha dicho y a cuántas personas ha llegado.

El Gobierno parte de una necesidad real, expresada por la Unión Europea, para lanzar un mensaje confuso que da como resultado la creación de un órgano de control de la información del que forma parte su propio departamento de propaganda. Sí, de propaganda . Es cierto que existe un problema global derivado de la dificultad de identificación de los emisores de un mensaje mediante el uso de nuevas herramientas de comunicación, como son las redes sociales. Ese es el problema, y no los contenidos. No es la libertad de expresión, sino la capacidad de «contaminación» de una herramienta tecnológica. Es un problema técnico, y no de contenidos. Y la respuesta debe ser técnica. Se deben buscar formas de frenar la propagación de un tipo de «virus informático» que tiene una carga viral de mentira tendenciosa. Y solo dejaría de ser una cuestión técnica para convertirse en una cuestión jurídica cuando fuera posible identificar a un responsable .

Hay, además, un componente de injerencia extranjera, ya que existen sospechas de que son Gobiernos de otros países los que «atacan» con este tipo de « arma informática ». Y para eso ya están los servicios de inteligencia. Lo que no tiene ningún sentido es meter en la ecuación a la Secretaría de Estado de Comunicación, ni hablar de medios de comunicación, ni referirse a la valoración de los mensajes o a la evaluación de contenidos. Porque hacerlo es abrir la puerta a la peligrosísima práctica de la censura previa, a la limitación de la libertad de expresión. El problema que se busca solucionar no tiene nada que ver con eso. El texto que el Gobierno ha publicado en el BOE es, en sí mismo, un ejemplo de desinformación tendenciosa. Y uno de los resultados posibles de esta «fake new» en el Boletín Oficial del Estado es la pérdida de uno de los derechos democráticos fundamentales.