Un informe de servicios sociales bastará para reconocer en Galicia a las víctimas de la violencia vicaria

Víctimas con rostro. Por ejemplo, la madre de las dos pequeñas de Moraña a las que su padre, David Oubel, asesinó a sangre fría con una sierra radial en un fin de semana de julio de 2015 en que tenía su custodia. O los hijos de José Luis Abet, después de que este descerrajara varios tiros a su madre, su tía y su abuela una mañana de septiembre de 2019. Una y otros son, desde este martes, reconocidos por la legislación autonómica como víctimas de la violencia vicaria , es decir, la que se ejerce contra una mujer a través de personas allegadas con el único fin de causarle «mayor daño psicológico».

Esta violencia se reconocerá no solo cuando se ejerza contra los hijos para dañar a la madre, sino también cuando se dirija «a cualquier otra persona estrechamente unida a ella» , bien sea de índole familiar o afectiva. Y el agresor no tendrá necesariamente que ser o haber sido un cónyuge estable, sino que se extiende «a quien mantuvo con ella una relación análoga de afectividad aún sin convivencia».

Los tres grupos del Parlamento de Galicia aprobaron este martes la reforma de la normativa autonómica, que si bien no tiene efectos modificativos sobre el Código Penal o la regulación estatal, sí mejora la cobertura de ayudas y recursos para las mujeres que se ven en esta situación. Además, se define la violencia vicaria y se establecen los mecanismos para acreditarla. No será necesario, como en los casos de Moraña o Valga, que medie un terrible crimen para que las víctimas sean reconocidas como tal, sino que valdrá «cualquier otro documento que acredite» esta violencia, desde un informe de los servicios sociales a una resolución judicial de malos tratos.

Habrá comportamientos que se incluirán dentro de este reconocimiento. Como, por ejemplo, amenazar con «quitarle a los hijos a una madre», descuidar la atención de los niños durante los turnos de custodia o «manipulando a gente próxima» a una mujer para que esta sea vigilada, enumeró la socialista Noa Díaz.

La reforma legal tendrá además carácter retroactivo , por lo que se reconocerán todos los casos que se acrediten con anterioridad a su aprobación. De hecho, la Xunta ya venía amparando esta casuística desde el año 2015 en sus decretos de ayudas a las víctimas de la violencia machista, como señaló durante el debate la diputada popular Paula Prado, aunque ahora se regule con más detalle. El Congreso, de hecho, introdujo una disposición final en la Ley de Protección de la Infancia aprobada en mayo para, precisamente, retocar la legislación estatal de 2004 sobre violencia de género.

«No es el final del camino pero es un paso adelante para una sociedad libre de violencias machistas» , expresó Ana Pontón, portavoz de un BNG que impulsó esta reforma legal, abrazada por el conjunto de grupos de la Cámara, que ayer aparcaron las habituales diferencias de fondo y forma para forjar un consenso tan necesario como poco común.