Galicia reconoce la violencia vicaria, el maltrato que «te tatúan en la piel»

Oubel, Mirás y otros tantos filicidas más fueron juzgados y condenados de manera rotunda por la violencia ejercida contra sus hijos. Unos ataques directos, implacables e injustificables que se merecieron el peor de los reproches penales. Pero, ¿y sus madres? Noqueadas por la pérdida de sus vástagos, el Código Penal no contempla por el momento condenas para este tipo de daño indirecto, porque no las considera víctimas, ni siquiera psicológicas. Este vacío legal, unido al sufrimiento de quienes perdieron a sus pequeños, logró esta semana poner de acuerdo a todos los grupos presentes en el Parlamento gallego que, por unanimidad, aceptaron tramitar una reforma legal para reconocer la violencia vicaria. El primer paso lo dio la nacionalista Ana Pontón, defensora de una proposición de ley para modificar la norma gallega de violencia de género de forma que reconozca a las víctimas indirectas de estos crímenes. «Lo que nos piden es ayuda psicológica, económica, laboral y jurídica para intentar rehacer sus vidas», incidió Pontón sobre la necesidad de darles la «protección legal» que necesitan y «acabar con el desamparo». Populares y socialistas se adhirieron a la petición, que convierte a Galicia en pionera a la hora de velar por las damnificadas por esta tipología de maltrato.

«Son situaciones no muy frecuentes, pero que existen y tienen que ser abordadas» explica el penalista Alejandro Vega , especializado en violencia de género, en una conversación con ABC. Sobre el fondo de la cuestión, Vega valora el esfuerzo de esta semana de los grupos gallegos, pero limita su influencia al ámbito administrativo. «Se trata de una medida fantástica, pero el Parlamento gallego llega hasta donde llega y en este caso sería necesario establecer otras reformas que nos llevarían a la modificación del Código Penal , algo bastante complicado teniendo en cuenta que se exigen unas mayorías muy amplias y un consenso en el Parlamento español, que ahora mismo no existe» expone el abogado especializado.

Así, la reforma planteada en la Comunidad, que será perfilada durante su tramitación, podrá mejorar la asistencia a las madres que pierden a sus hijos a manos de sus exparejas en lo tocante a apoyo profesional y económico, por ejemplo, pero no implicará que los agresores sean juzgados por el daño indirecto cometido. Este extremo, indica el penalista, abriría la puerta a otro debate, el de «cómo sancionar a una persona doblemente para imputarle delitos de maltrato además de asesinato» para lo que, insiste, es necesaria una reforma penal que en su caso considera necesaria y acertada a la hora de proteger a las madres.

Además, Vega introduce un apunte justo, el de padres como podría ser el de la niña fallecida en Muimenta , cuya madre y expareja a la vez es la única acusada por el crimen. A raíz de estos hechos, el padre de la menor —que peleaba por la custodia compartida— tuvo que abandonar su empleo como guardia de seguridad y se vio obligado a jubilarse, incapaz de afrontar la pérdida. «La reforma que se plantea en Galicia solo afecta a la ley de violencia de género, por lo que solo se aplica a las mujeres, que son las principales afectadas en este tipo de crímenes. En el caso de los hombres, habría que regular análogamente la ley de violencia doméstica» comenta el penalista.

Sobre la medida, la conselleira de Igualdade, María Jesús Lorenzana, reconoció en declaraciones a este medio que espera «que este paso que Galicia va a dar sirva para marcar el camino al Estado, porque es necesario un marco regulador más amplio que ampare a estas mujeres y las considere víctimas de la violencia de género». « La finalidad debe ser posibilitarles el acceso a los recursos estatales » sostiene la titular de Igualdade sobre un acuerdo que «le otorga rango de ley a lo que la Xunta lleva mucho tiempo haciendo en esta materia». Otra de las cuestiones a debatir será el carácter retroactivo con el que se ha planteado la reforma, lo que permitirá ayudar a más mujeres, que tras el asesinato de sus hijos quedaron abandonadas y desprotegidas.

La difícil situación a la que estas mujeres se enfrentan fue denunciada hace unos meses por Rocío Viéitez , madre de las niñas asesinadas en Moraña, que lamentó que la ley no las considere víctimas, « aunque llevemos la violencia de género tatuada en la piel ». En una carta abierta, Viéitez puso el foco sobre la «precaria situación» a la que se enfrentan a diario muchas madres que han padecido lo mismo que ella.

En su caso, su exmarido fue sentenciado a pagarle 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil , pero la mujer afirma que nunca los cobrará porque «él solo tenía deudas». A cambio, después de perder a sus hijas, Viéitez tuvo que desembolsar 25.000 euros en abogados y hacerse cargo de la hipoteca de la casa donde sus hijas fueron asesinadas. Sin paños calientes, la madre de Moraña aseguró que todas deben afrontar «juicios que pagas tú» y deudas de «malnacidos» que dentro de unos años «pedirán permisos de fin de semana». «Como yo, están muchas otras. Sin hijos, sin futuro y aún años después recibiendo palos legales (...) Además, algunas están sin poder trabajar porque no levantan cabeza y son adictas a los antidepresivos para sobrevivir», reprochó.

Sus palabras resonaron esta semana en el hemiciclo gallego, escenario de un acuerdo histórico que buscar paliar en lo posible el drama de las madres de niños asesinados por la violencia machista, esas que no tienen «ni siquiera un nombre que nos defina».