El Gobierno pide a Alcoa que devuelva 50 millones de ayudas

El Gobierno central mete presión a Alcoa. Mientras los trabajadores siguen reclamando la nacionalización de la planta de San Cibrao, el Ministerio de Industria cumple una de las amenazas que había puesto sobre la mesa y requiere a Alcoa la devolución de 50 millones de euros que habían recibido en ayudas por compensaciones por los costes indirectos de emisiones de CO2. Tanto el Ejecutivo central como la Xunta elevan el tono contra la multinacional estadounidense que ha anunciado el despido colectivo de 524 trabajadores de la última factoría de aluminio primario que queda en España . El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, aseguró esta mañana que ve más lejos que hace semanas una posible «solución amistosa» para la fábrica de Cervo.

En declaraciones a TVE, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recordó que el Gobierno está barajando todos los escenarios después de que Alcoa rechazara su oferta de comprar la planta a través de la SEPI para después venderla a Liberty House. Pero el Gobierno de momento no ha activado la intervención pública de la factoría como esta semana pedían desde el Congreso BNG, PP y PSOE. Los trabajadores tratan de ganar tiempo frenando el ERE anunciado por Alcoa en los juzgados. Sus servicios jurídicos preparan un recurso para impugnarlo y solicitarán medidas cautelares mientras los tribunales no se pronuncien sobre el fondo de la cuestión. La Xunta estudia también personarse en el proceso judicial. Esta tarde el comité se reunió con la autoridad laboral en Lugo, un organismo que debe emitir un informe antes de que Alcoa pueda aplicar el ERE.

Pero los trabajadores insisten en que la mejor salida para evitar el cierre de la factoría y la parada de las cubas sería la intervención pública de la factoría. Para lanzar este mensaje han convocado una «gran manifestación» para el sábado 24 de octubre en Lugo capital . La marcha comenzará a las 11.00 horas y terminará al mediodía, con un recorrido por el centro de las calles de la ciudad. Saldrá desde el edificio administrativo de la Xunta de Galicia y terminará frente a la Subdelegación del Gobierno, en la Praza de Armanyá. Allí entregarán una solicitud de intervención pública temporal de la fábrica al Gobierno de España. La idea es que después el Estado traspase la fábrica al grupo inglés Liberty House, al que Alcoa no ha querido cederla.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no descartó que la intervención pública vaya a ser finalmente necesaria. Aunque no pierde «la esperanza» y aún contempla alguna vía «para seguir negociando» con Alcoa, confesó que ve más lejos que hace semanas una posible «solución amistosa» para la fábrica de Cervo.

Para allanar el camino a un posible comprador de Alcoa, el Consello de la Xunta aprobó esta mañana declarar el sector electrointensivo gallego esencial y estratégico para la economía de la Comunidad . Feijóo explicó que con esta medida se lanza «un mensaje» del Gobierno gallego a los compradores de Alcoa o a cualquier compañía que quiera invertir en una actividad que la Administración considera esencial para el crecimiento y desarrollo económico de la Comunidad.

En la práctica la declaración supondrá facilitar los trámites para estas industrias electrointensivas . Las empresas que presenten proyectos de ampliación, modernización o transformación y cumplan, al menos, dos de los siguientes requisitos —generación de 25 o más puestos de trabajo directos bajo la modalidad de contrato indefinido a jornada completa; que impliquen una inversión en activos fijos igual o superior a un millón de euros; que sean tractores o complementen cadenas de valor— tendrán con carácter automático la consideración de iniciativas empresariales prioritarias. De este modo verán reducidos sus plazos administrativos a la mitad, explicó Feijóo.