Un funcionario podrá ejercer de tesorero en los concellos pequeños
La Xunta valora que el Gobierno central ofrezca una solución, que es temporal, ante la falta de tesoreros habilitados

El Ministerio de Hacienda claudica y da marcha atrás en su plan de obligar a todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, a contratar a un tesorero profesional. En los concellos de entre 5.000 y 20.000 habitantes no tendrá que ser un habilitado nacional el que ejerza estas funciones tal y como se había anunciado. En su lugar, podrá hacerlo un funcionario propio de la corporación local, el mismo que venía ocupándose de ello hasta el momento.
Esto supone un respiro para muchos ayuntamientos que ya habían levantado la voz contra una normativa que amenazaba con paralizar todos los pagos. Es el caso de Sarria (Lugo), con 13.504 habitantes , que ya estaba gestionando con las entidades bancarias un adelanto para garantizar las nóminas de enero de su equipo de funcionarios tras suspender los pagos por carecer del técnico específico.
Del mismo modo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes recuerdan desde la cartera, en la notificación recibida por el Gobierno gallego, que no existe la obligación de crear un puesto de tesorería reservado para habilitados nacionales, por lo que para cubrirlo se puede acudir a la acumulación de funciones de otro funcionario habilitado nacional; crear una agrupación de municipios para entrar en la categoría reservada a ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes; o que lo hagan los servicios de asistencia de las diputaciones.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , fue el primero en oponerse a la medida de Cristóbal Montoro. Según dijo, «nadie puede exigir que se cumpla algo que es imposible». Una norma que, en su opinión, planteaba «un objetivo correcto con una dimensión incorrecta» . Escollo que queda ahora subsanado de forma temporal.
Tampoco desde las diputaciones se quedaron callados sus presidentes. Coincidieron en reclamar un aplazamiento o prórroga de la normativa. Desde la Fegamp justificaban que la vigilancia del dinero estaba garantizada en la figura del secretario o secretario interventor, de ahí que desde el principio pidieran su derogación.
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