Las exigencias de Galicia
Los frentes abiertos de la Xunta con el Gobierno de Pedro Sánchez
La queja sobre el nuevo retraso en el AVE fue la última polémica con un Gobierno que se escuda por estar en funciones. El estatuto de las electrointensivas y la situación industrial general o la inversión para el Xacobeo, otros temas calientes
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Un tira y afloja : así suelen ser, en general, las relaciones entre los gobiernos central y autonómico. En el caso gallego , existen ciertas reclamaciones, como pueden ser las de inversiones en infraestructuras, que han tensado la cuerda entre Madrid y Santiago en múltiples ocasiones, pero es en los últimos meses con los gobiernos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo a raíz de la situación en funciones en la que se encuentra el primero desde hace casi cinco meses, cuando se ha producido una mayor discrepancia y unas mayores exigencias desde San Caetano a la Moncloa.
El jueves se producía la última denuncia de Galicia sobre un incumplimiento del Gobierno central: la línea de AVE Madrid-Galicia finalmente no podrá estar concluida en 2019 y, afirma la Xunta, es casi imposible que haya billetes para el año 2020. Supone éste el enésimo retraso en una vieja promesa desde el Estado, que ha visto pasar presidentes a ambos lados y lentos avances que permitan salvar la complicada orografía gallega y unir las ciudades de Galicia con la Meseta. Ni que decir tiene que otro elemento de discordia es la conexión de esta vía de alta velocidad con Lugo , cuya electrificación se retrasa también. La Xunta afirmaba el jueves en un comunicado que se «constata la imposibilidad de que se cumplan los plazos comprometidos por el Gobierno de España para la finalización y puesta en servicio del AVE gallego ».
Respondía más tarde el responsable de las infraestructuras ferroviarias, ADIF , tildando lo dicho por Feijóo como «engañoso y tendencioso», y remarcando que mantuvieron «en todo momento un compromiso con las fechas de finalización de las obras », hecho que hasta el día actual «se ha cumplido escrupulosamente».
Un tema que lleva coleando desde el verano y que ha ocupado decenas de titulares en los últimos meses es la deuda del Estado con las diferentes comunidades autónomas . Los famosos 700 millones de euros pendientes con Galicia, que en los últimos días se han convertido en 370: es la cifra que sigue reclamando la Xunta en concepto de 200 millones en IVA y de la prima por haber conseguido cumplir los objetivos de déficit, que sube a los 170 millones restantes. Lo abonado (340 millones) corresponde a las llamadas entregas a cuenta, tras semanas en las que el Gobierno afirmó que no podía realizar estos pagos al estar en funciones. Finalmente, con el visto bueno de la Abogacía del Estado , que era la que había encendido la luz de alarma sobre esta transferencia de fondos con un Gobierno sin sus plenas facultades, se pudo enviar el dinero. La Xunta vio electoralismo en el momento elegido para realizar los pagos, a pocas semanas de la repetición electoral del 10-N. Ahora, ante el montante restante (Feijóo señaló que no se perdonará ni un céntimo) desde el PP gallego y San Caetano son rotundos en su reclamación el dinero con toda la fuerza. Muy criticada ha sido la postura del PSdeG , que se ha alineado con los postulados de Moncloa, quedándose solo en una reclamación que también han hecho el BNG, En Marea y el Grupo Común da Esquerda.
Crisis industrial
Si otro tema ha copado las páginas de la sección de Galicia de cualquier medio ha sido la complicada situación de la industria de la Comunidad . Si bien se conseguía una solución provisional para Alcoa en La Coruña , ahora peligra la fábrica de San Cibrao . Al mismo tiempo, se ha vivido la paralización de la central térmica de As Pontes, que aporta miles de trabajos entre puestos directos e indirectos, y el posterior anuncio de su cierre. Ahora se buscan alternativas para que As Pontes vuelva a producir energía. En este caso el problema radica en que hay que pagar por contaminar, haciendo no competitiva la electricidad que se produciría en As Pontes, que se basa en la quema de carbón .
Asuntos como el céntimo verde o que no se está realizando una transición ecológica justa han sido la bandera que ha agitado la Xunta contra el Gobierno central, presentando su propia receta para abaratar la electricidad. Pero la industria también echa humo por otro lado: el conocido como estatuto de las electrointensivas sigue sin conocerse. Tras tirar abajo Competencia el presentado antes de los comicios de abril, continúa sin desvelarse el contenido del nuevo que el Gobierno asegura poseer. Se comprometieron a enseñárselo a los trabajadores de Alcoa , pero estos siguen esperando. Este estatuto es fundamental para rebajar la factura de la electricidad, que en España supone unos costes de vértigo que hacen inviables muchas industrias.
Moncloa asegura también en este caso que estando en funciones no puede aprobar este texto del que depende el futuro de muchos puestos de trabajo, aunque ayer se conoció el desembolso de ayudas para San Cibrao por parte de este Ejecutivo: 25 millones de euros en subvenciones para compensar los costes de emisiones indirectas de CO2. El delegado del Gobierno, Javier Losada, subrayó «que con esta ampliación, el Gobierno cumple su compromiso de apoyar a los sectores industriales de Galicia y refuerza la competitividad de las empresas más intensivas en consumo de electricidad».
El próximo Xacobeo y los fondos que se le destinarán también dependen en parte del Ejecutivo central, que todavía no ha aclarado cuánto va a aportar para la cita del 2021. El Gobierno gallego ya ha comprometido dentro del Plan Estratégico para afrontar esta multitudinaria celebración 247,7 millones , pero esa cifra debe crecer con la aportación estatal. A la espera del largo camino que vive la gobernabilidad en el país está la Xunta para saber cuánto será la cifra. «Esperamos un compromiso activo por parte del Ejecutivo central », apuntó al respecto el presidente el pasado mes de julio.
Y si el AVE era un problema, la forma en la que los viajeros cogerán ese tren también. Otra punta de lanza son las estaciones intermodales de las ciudades gallegas , que deberán vertebrar las comunicaciones de bus y tren en la Comunidad. El Ejecutivo autonómico se refirió en una nota a finales del mes de septiembre las « incertidumbres » por el trabajo desde el organismo estatal, responsable de la parte de tren de las intermodales. En el caso de Santiago, la Xunta denunció esta semana que solo se realizan obras del Gobierno gallego , mientras Adif sostiene que ya «tiene aprobada la redacción del proyecto» y se ejecutará según lo acordado, cuando la terminal llegue a los 3,5 millones de viajeros.
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