La Fiscalía demanda a Audasa por el cobro abusivo del peaje de Rande

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra la concesionaria de la autopista AP-9, Audasa. Acusa a la empresa de una «supuesta práctica abusiva» en el cobro del peaje de Rande, el principal acceso a la ciudad de Vigo , durante los tres años que duraron las obras de ampliación del puente. Pese a las restricciones permanentes en el tráfico entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018, la concesionaria no rebajó las tarifas. Aunque no se conoce el número exacto de conductores afectados, durante la ampliación se produjeron 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros.

La Fiscalía solicita el reintegro íntegro de los peajes que fueron abonados en el tramo del entorno del puente de Rande durante las obras junto con los intereses legales. El ministerio público pide además al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra que se condene a Audasa a cesar en esta práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España. La Fiscalía recuerda que «no sólo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento, pese a las afectaciones del tráfico, sino que se incrementó a partir del día 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras que se realizó el 30 de diciembre de 2017 aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha».

En cuanto a las devoluciones de los peajes, el ministerio público propone que los reintegros, se efectúen mediante tarjeta de crédito o Vía T (abonados) para aquellos que utilizaran estos medios de pago. Para los usuarios que pagaron el peaje en efectivo, señala que «se procederá conforme a las normas de la LEC para el aseguramiento del resarcimiento». Además, la Fiscalía de Pontevedra reclama que se condene a Audasa «a abonar una indemnización consistente en el doble del importe del peaje a todos los usuarios, conductores o pasajeros, que no sean profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros, afectados por los atascos o retenciones superiores a los diez minutos».

La Fiscalía relata que durante los tres años de obras, el tráfico se vio «permanentemente afectado», dado que la reducción del número de carriles en uso y de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron constantes atascos. Por tanto, considera que todos los vehículos «recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad» . El ministerio público recuerda que el pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir una prestación, que es el uso «en perfectas condiciones» de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad. Por este motivo califica de abusivo el cobro de los tarifas, más aún cuando l a concesionaria tenía «completa constancia» de que no podía prestar un servicio adecuado.