Juicio por prevaricación urbanística
El fiscal rebaja a multa su petición de condena a la alcaldesa de Viveiro
María Loureiro y el resto de procesados políticos se enfrentan a 7 años de inhabilitación
![La alcaldesa de Viveiro, junto a otros compañeros, en el juicio en la Audiencia de Lugo](https://s3.abcstatics.com/media/espana/2016/06/09/alcaldesa-viveiro-juicio-kXLE--620x349@abc.jpg)
En su escrito de conclusiones, el fiscal jefe de Lugo decidió rebajar a multa la petición de cárcel a la alcaldesa de Viveiro (Lugo), de modo que María Loureiro se enfrenta ahora a una solicitud de poco más de 6.700 euros . La misma pena que pide para la número dos de su gobierno, María Isabel Rodríguez , y los exediles Rafael Luis Fernández y José Luis Docampo . Todos ellos, acusados de un posible delito de prevaricación urbanística, se enfrentan a su vez a 7 años de inhabilitación para cargo público , lo que supondría para las dos primeras su salida del Consistorio si la Audiencia Provincial de Lugo atiende a la petición del Ministerio Público.
Mayor es la pena para otro de los exediles implicados en la trama de concesión de licencias urbanísticas en Viveiro y que salpica a los miembros de la junta de gobierno entre los años 2006 y 2009 en el municipio lucense, cuando era alcalde el ya fenecido Melchor Roel. Para Francisco Luis Rodríguez mantiene una petición de prisión de año y medio . En el caso del técnico externo , cuyos informes sirvieron de base para aprobar de forma irregular las licencias —un total de 13 están bajo sospecha judicial—, la rebaja es de cinco a año y medio de prisión, con una inhabilitación por 9 años.
Durante la vista, la alcaldesa —que cursó baja en el PSdeG y entregó su acta de diputada coincidiendo con la apertura de juicio oral— descargó toda la responsabilidad de las licencias en los técnicos del Ayuntamiento . Permisos concedidos de forma irregula a ojos de la Fiscalía , que no le encuentra encaje legal a la vía del silencio administrativo utilizada.
En opinión del Ministerio Público, esta forma se utilizó como «subterfugio o artificio» para maquillar la «ilegalidad» de la concesió n. En su declaración durante el juicio, el técnico Manuel Cortón, acusado además por un delito de falsedad documental, defendió la legalidad delos trabajos realizados.
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