La alcaldesa de Viveiro descarga en los técnicos la responsabilidad de las licencias

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro , descargó ayer toda la responsabilidad de las licencias urbanísticas —las 13 que se aprobaron y que están bajo sospecha judicial— en los técnicos del ayuntamiento. Durante el juicio que se sigue contra ella por un supuesto delito de prevaricación, y que sienta también en el banquillo de los acusados a la teniente de alcalde del municipio lugués y otros dos exconcejales —un tercero no pudo estar presente a causa de una grave enfermedad— se escudó en que «seguía el dictado de los técnicos».

Durante la vista, en la que tratan de averiguar si los integrantes de la junta de gobierno cometieron alguna irregularidad en la concesión de las licencias urbanísticas entre los años 2006 y 2009 , cuando era alcalde el fenecido Melchor Roel, además de los cuatro procesados declaró un técnico externo cuyos informes sirvieron de base para aprobar las citadas obras. Actuaciones irregulares , a ojos de la Fiscalía, que entiende que se utilizó la vía del silencio administrativo como «subterfugio o artificio» ya que no tenían otra vía de encaje legal.

Este último, que además de por prevaricación está siendo enjuiciado por un posible delito de falsedad documental —se enfrenta a la mayor petición de pena de cinco años— y que fue contratado durante tres meses como refuerzo del departamento, defendió la «legalidad» de todo el trabajo realizado . Es más, negó haber recibido algún tipo de presión por parte del gobierno local de entonces.

En este sentido, reconoció que « no era normal votar en contra de los criterios técnicos en las licencias del Ayuntamiento de Viveiro, al tiempo que mantuvo que «no es prudente» hacerlo por la vía del silencio administrativo.

Y es precisamente en este punto donde hace hincapié el Ministerio Público , que mantiene que «fue utilizada en algunos casos de un modo acorde al ordenamiento jurídico», pero en concreto, en cuanto a las licencias que están bajo la lupa de la Justicia, se utilizó como «excusa».

La Fiscalía pide para Loureiro, que cursó baja en el PSdeG coincidiendo con la apertura del juicio oral y entregó su acta de diputada provincial, la misma pena que para el resto de acusados políticos; 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación . La alcaldesa, que recordó que el juicio se deriva de unas denuncias del exalcalde popular César Aja, manifestó sentirse «muy tranquila».