Finaliza la instrucción del «caso enfuche» sin políticos imputados

La juez Carmen García Campos da por finalizada la instrucción del supuesto enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra , Carmela Silva. En el auto de procedimiento abreviado que la magistrada envía a la Fiscalía y acusación particular, ejercida por la plataforma ciudadana Xuntos, señala únicamente a dos imputados tras sobreseer la causa con respecto al edil Santos Héctor.

Entiende la juez y así lo hace constar en el auto al que ha tenido acceso ABC que en el caso del concejal vigués , quien es además secretario general del PSOE en Pontevedra , «no resulta suficientemente acreditado el conocimiento efectivo que pudiese tener respecto a la finalidad pretendida con los contratos menores de encuestas de calidad, por cuanto que, en todos ellos, autorizó los gastos a petición del Sr. Orúe en su condición de jefe de servicio de Participación Ciudadana y los interventores municipales no pusieron reparo alguno en los expedientes».

En cuanto al citado alto cargo de su Concejalía, no se libra . Detalla García Campos que Vanesa Falque, la familiar de Carmela Silva —quedó apartada de la causa al dar por válido la juez que el delito había prescrito, tal y como argumentaba su defensa—, se valió de su «relación de parentesco» para solicitar un empleo a Francisco Javier G. Orúe y que éste requirió al administrador de Imesapi, la concesionaria que entonces se encargaba de los centros cívicos de Vigo, Ramón C.A., su contratación. De ahí que de los cinco imputados con los que arrancaba la instrucción en febrero de 2015 solo se señale a ambos en el final de la causa.

Asimismo, la magistrada considera acreditado que la empresa no necesitaba entonces contratar persona l por lo que, a objeto de compensar a Imesapi por el gasto extra, se tramitaron nueve contratos menores para la realización de encuestas de calidad. Por estos trabajos el Concello pagó 128.582,79 euros a la concesionaria en varias facturas. La juez cuestionó desde el principio la justificación de unos importes tan abultados como 17.864, 16.520 o 20.933 euros. Sobre los encargos, realizados en dos fases, entiende que Falque no pudo hacer sola más de 15.000 encuestas y que, todo apunta, a que Imesapi no hizo los trabajos de análisis de las mismas, cuya autoría se desconoce.

Tanto en la actuación de Francisco Javier G. Orúe, jefe de servicio de Participación Ciudadana, como Ramón C.A., administrador de Imesapi, en calidad de colaborador necesario, la juez ve indicios de los delitos de malversación y falsedad documental . Además, en el caso del primero también de prevaricación. Por todo ello, justifica continuar la tramitación de diligencias en procedimiento abreviado contra ambos.

García Campos, instructora a su vez de la operación Patos que investiga una trama que implica a políticos gallegos y concesionarias, da por finalizada la instrucción que se queda sin imputados políticos, a la espera de que Fiscalía y acusación particular presenten sus respectivos escritos de calificación y se dicte, si procede, el auto de apertura de juicio oral.