Política
Feijóo da un ultimátum al Gobierno antes de recurrir a la vía judicial por la deuda
Otorga al gabinete Sánchez un plazo de «horas» para que desmienta que no pagará el IVA, lo que tilda de «gracieta». Advierte de que «Galicia sabe lo que tiene que hacer» y que se «defenderá con todos los derechos» que le asisten
El Gobierno central ha colmado la paciencia de la Xunta con el impago de la deuda. Cuando alcanzaba los 700 millones de euros, por la acumulación de excusas, medias verdades y retrasos. Ahora que se sitúa todavía por encima de la mitad, 370 millones, por el rechazo a abonar los fondos pendientes. El hartazgo ha alcanzado tales cotas que este miércoles Alberto Núñez Feijóo lanzó un ultimátum al gabinete que lidera Pedro Sánchez: «Si en las próximas semanas no hay ningún tipo de gesto... Voy a ser más preciso: si en las próximas horas no hay un desmentido de que la decisión del Gobierno de no pagar a las comunidades autónomas es una decisión que se deja sin efecto, cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer», advirtió. Para añadir a continuación: «Desde luego, Galicia sabe lo que tiene que hacer ».
Feijóo, que acudió a una escuela infantil en A Pobra do Caramiñal (La Coruña) con la conselleira de Política Social, Fabiola García, fue así un paso más allá de la advertencia formulada el martes de que, tras la bofetada anunciada por la portavoz y ministra de Hacienda , María Jesús Montero, a abonar la mensualidad pendiente del IVA de 2017 —que dejaría a Galicia sin 200 millones de euros—, estaba sopesando «muy en serio» la posibilidad de recurrir a la vía judicial para desbloquear la transferencia, que se suma a los 170 millones de los incentivos por cumplir las normas de déficit.
Contundente, el presidente aseguró en declaraciones a los medios que actuará «en consecuencia» , vista la actitud «desleal» manifestada desde La Moncloa, después de meses en los que la Xunta ha tratado de evitar la vía judicial en la creencia de que existen cauces suficientes para arbitrar una solución sin necesidad de acudir a los tribunales; y en el deseo de no dilatar en una disputa farragosa la resolución de un problema acuciante por tratarse de fondos consignados en los Presupuestos de 2020, con las consiguientes «tensiones de Tesorería» para al Gobierno gallego.
«No vamos a consentir, en ningún caso, que 370 millones que nos deben de 2019 consideremos que es un dinero que los gallegos vamos a perder. No lo vamos a hacer. Nos vamos a defender con todos los derechos que ampara la ley y emanan de la Constitución », amplió Feijóo. Sin citar expresamente la vía judicial, el mensaje se entendió a la perfección. «Actuaré en consecuencia», insistió, «lo digo con absoluta educación y humildad». Por sus palabras resultó evidente que si gana peso el plan de acudir a los tribunales es por constatar que el Gobierno central obra desde una «deslealtad institucional sin precedentes», algo «inadmisible». Como en muchas otras ocasiones —prueba de que el asunto lleva meses coleando—, remarcó que es «la primera vez» que se da una situación de esta naturaleza, con el Gobierno negándole a las comunidades el pago de cantidades que le corresponden. Yno menores: 370 millones «es el presupuesto de centenares de Ayuntamientos de Galicia», ejemplificó, después de advertir que no acepta que se hagan «chistes» con un asunto «muy serio».
Feijóo empleó un tono marcadamente severo, reflejando que el de la deuda « no es un tema banal, no es un tema para tomárselo a broma , para hacer gracietas ni para echarle la culpa a un Gobierno que ya no lo es desde 2018» [en alusión al anterior, del PP]. Empleó una vez más el adjetivo «moroso» para referirse al ahora bicéfalo Ejecutivo, y censuró que se quiera «apropiar» de la recaudación y dejar a las comunidades autónomas sin 2.500 millones de euros. A cambio, «estamos pagando la actualización de las pensiones», reprochó, pues lo que hace el Gobierno es «quedarse con el dinero de los demás».
Muy crítico, evidenciando el malestar acumulado durante los últimos meses, Feijóo, que la semana pasada enviaba una carta a cada ministro recordando las demandas pendientes de Galicia —no solo acogotada por la deuda impagada, sino con agravios como la demora en la llegada del AVE, en el compromiso con el Xacobeo 2021 o en la transferencia de la AP-9—, salpicó su alocución de términos como «broma», «excusa» o «gracieta» de forma reiterada, dejando clara su opinión sobre la actitud del Gobierno. Y por segunda vez lanzó su mensaje con destino Madrid, aludiendo al rechazo a pagar la mensualidad pendiente del IVA: «A ver si en las próximas horas desmentimos esta gracieta». En la noche del miércoles, la pelota seguía en el tejado de La Moncloa.
Reacciones
A la espera de la decisión que adopte la Xunta, la viceportavoz parlamentaria del PP, Paula Prado, ponderó este miércoles en la Cámara autonómica que el Gobierno gallego « tendrá que hacer lo que tenga que hacer », incluso «poner en marcha todos los mecanismos que sean precisos» para cobrar la deuda. Prado instó a retratarse tanto al PSdeG como a la rama gallega de Podemos y al BNG ante un Ejecutivo central «mentiroso y falso» que «está boicoteando» a Galicia. Desde Madrid, el número dos del PPdeG, Miguel Tellado, denunció que existe una «voluntad clara e inequívoca por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de castigar a Galicia porque no vota socialista». A su juicio, «el Gobierno, cuando mira a Galicia, es para castigarla».
En el abanico de reacciones de la oposición, no se movió de su clásico cierre de filas el socialista Gonzalo Caballero, para quien Feijóo «se niega a solucionar un problema que generó [Cristóbal] Montoro en 2017» y se decanta por una «estrategia de boicot». Mucho más contundente en el ataque frontal al presidente de la Xunta fue el BNG. « Que deje de lloriquear y reclame por la vía judicial , (como) llevamos meses reclamando», apeló Olalla Rodil. «Se niega porque, en el fondo, supedita los intereses de Galicia a la estrategia del PP en Madrid», cargó la parlamentaria del Bloque.
Más ponderado fue Luís Villares, portavoz de En Marea, que cree que en las palabras del mandatario autonómico «hay una verdad y una mentira». Es «verdad» que «hay una deuda», pero «no es verdad» que hay deudas «que no prescriben nunca». «Todas las deudas prescriben», rubricó, para reclamar solventarlo con un cambio en la «normativa». El Grupo Común da Esquerda también entiende que existen «mecanismos» para resarcir la deuda, pero Luca Chao se prodigó en tildar de «ridículo» el posicionamiento de Feijóo y, ahora que Podemos gobierna en España con el PSOE, asegurar que « los problemas políticos se solucionan dialogando », en lugar de «amenazar con los tribunales a las primeras de cambio».
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