Feijóo afea las «disculpas» de Ábalos para no anular el peaje de Redondela

Lo que era un compromiso en tiempos del PP en La Moncloa, ahora es la raíz de una disputa entre la Xunta y el Gobierno del PSOE. El encargo por parte del Ministerio de Fomento de un nuevo informe antes de decidir si suprime el peaje de Redondela motivó ayer la condena del presidente autonómico. Alberto Núñez Feijóo, además de dejar patente su «enorme decepción» por la noticia , cargó contra el departamento dirigido por José Luis Ábalos por incumplir «de forma flagrante» lo pactado en el pasado , en ocasiones a costa de decir «una cosa por la mañana y la contraria por la tarde».

En la comisión mixta de la AP-9 celebrada el pasado martes, el cobro en Redondela ya fue uno de los puntos de fricción entre la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y el secretario de Estado en la materia, Pedro Saura. Durante el encuentro, Fomento informó a Galicia tanto de la solicitud de un informe para estudiar los tráficos en el proyecto —el más reciente apenas tiene seis meses—, como de un cambio de enfoque en la gestión de la vía. Ahora, la intención del Gobierno es vincular las posibles medidas de gracia en Redondela con las obras proyectadas para la autopista en la entrada a Vigo .

El cambio levanta todo tipo de suspicacias en la Xunta. No ya por la probable dilación en los plazos, sino porque la eliminación del peaje era un pacto sellado, no sin esfuerzo, con el equipo de Íñigo de la Serna , que ahora vuelve prácticamente a la casilla de salida. Feijóo además recordó que junto al empuje de la Xunta, la demanda, en tanto que «lógica» y habitual en otras ciudades (como Pontevedra o Santiago), es compartida por los vecinos de Redondela y por todos los grupos políticos del Parlamento. La tesis de todos es que los vecinos de la localidad pontevedresa pagan por un servicio que en realidad utilizan como circunvalación.

Al margen de la AP-9, la Comunidad también asiste al debate sobre el posible cobro en las autovías. En este sentido, el presidente de la Xunta expresó su deseo de poder «hablar en serio» con el Gobierno sobre esta cuestión, y avanzó que su propuesta pasa por establecer un sistema «homologado» aplicable en el conjunto del territorio nacional.