La Fegamp insta a los concellos a asumir el respaldo del TC al canon

«Las decisiones judiciales lo que hay que hacer es aceptarlas» . Esta era la reacción ayer del presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alfredo García , preguntado al respecto de la resolución del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite la primera cuestión de inconstitucionalidad por la subida del canon de Sogama.

El espaldarazo del TC a la normativa aprobada hace dos años y cuestionada por los concellos que recurrieron el incremento aplicado, del 34% —se rebajó un 10% el pasado año—, con denuncias en los juzgados, fue interpretado por García como inequívoco. Según indicó, «el planteamiento que se hizo en su momento» advertía de una posible «invasión de competencias en la administración local» . Extremo que tumba ahora el Constitucional al entender que el incremento aplicado supera «el canon de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación». Y, de acuerdo con la doctrina establecida, ve justificación objetiva en el «fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema institucional de gestión de residuos promovido por la Administración autonómica».

Al respecto del fallo, Alfredo García reconoció que «es lo que es». Así, tras señalar que «lo cierto es que la inmensa mayoría de los ayuntamientos ya estaban pagando» e «incluso Sogama estaba llegando a acuerdos con buena parte de los que tenían deudas en ese sentido», instó a los que todavía se resisten a asumir el aval al canon. «Y esto lo que hará, probablemente, será que se vaya hacia la normalidad», señaló.

Pese a todo, se mostró crítico con la medida al afirmar que «no estaba la cuestión tan descaminada cuando tres tribunales pidieron que se pronunciara el Constitucional».

«La disposición legal cuestionada no incurre en la vulneración de la normativa básica estatal en materia de contratos administrativos. Esta norma no regula la revisión de precios de los contratos públicos, sino que, como se ha expuesto, en atención a una situación excepcional, establece una medida singular», fundamenta en su auto el TC.

El Contencioso de Orense al que responde el Constitucional planteó esta cuestión después de que el ayuntamiento de Piñor se negase a pagar varias facturas, cuestionó la subida «directa y unilateral» por parte de Sogama del precio, sin previa reunión con las entidades locales. También los hicieron los juzgados de Lugo y Santiago que están a la espera de respuesta.