Juicio
La familia de Déborah Fernández llevará a juicio los «errores imperdonables» de la investigación
Los abogados de la familia han anunciado que comenzarán una investigación paralela y que llevarán ante el juez las omisiones del caso
La familia de Déborah Fernández, la joven viguesa que desapareció en 2002 cuando salió a hacer deporte y que fue encontrada diez días después muerta en una cuneta, está dispuesta a llevar a los juzgados a los funcionarios que, según palabras de los propios familiares, incurrieron en «errores imperdonables» durante la investigación del caso.
Los encargados de hacer pública esta noticia han sido los abogados de la familia, Ramón e Ignacio Amoedo, durante una rueda de prensa en la que también han presentado por videoconferencia a Óscar Tarruella, experto en homicidios y muertes violentas, que se encargará de realizar una investigación paralela a la policial .
Los letrados también han querido advertir que no confían en el análisis del caso llevado a cabo por la Policía en el momento del suceso, y que aunque el delito investigado llegue a prescribir, no cejarán en su empeño de que «se haga justicia» y de «conocer la verdad para que la sociedad viguesa sepa quién es quién».
El experto Óscar Tarruella ha avanzado que en la investigación que él mismo liderará se buscará la obtención de una serie de pruebas , entre ellas la exhumación y la toma de nuevas muestras del cadáver de Déborah, además de una radiografía completa del cuerpo y una revisión de su dentadura. También se cursará una petición de algunos de los indicios que hasta ahora han sido denegados por las fuerzas encargadas del caso.
Fallos en la investigación
Los abogados representantes de la familia Fernández Cervera han enumerado durante la rueda de prensa los múltiples errores , omisiones, dilaciones y denegaciones de testimonios y pruebas solicitadas, que según su juicio se han producido a lo largo de estos 18 años.
Según la denuncia de los letrados, estos errores atañen a interrogatorios, tomas de muestras biológicas, conclusiones de la autopsia o tardanzas en la realización de pruebas específicas como el análisis del disco duro del ordenador de la chica o del tráfico de llamadas de su móvil, que según sus palabras, desapareció en comisaría.
El único equipo policial que ha sido exento de sus críticas fue aquel que en 2010 pidió por primera vez una serie de pruebas como el análisis del coche de la expareja de Déborah, en el que «no se halló ni un pelo, ni un resto biológico ni una fibra», así como nuevos interrogatorios y muestras de ADN. Fue ese mismo equipo el encargado de solicitar un perfil psicológico de esta persona, que plasmó en un informe «contundente» trasladado al juzgado de Tui y que fue archivado en el mismo día de la recepción.
En esa sucesión de «errores» también han querido mencional el hecho de que la expareja de Déborah, «pareja, por entonces, según a quién se le pregunte» según han querido matizar, no compareció en el juzgado pese a ser llamado como testigo al coincidir la fecha con un viaje laboral a Argentina. Tras esa citación fallida, no fue llamado de nuevo.
El coche del exnovio de la joven asesinada fue registrado por un agente policial, al que los letrados también piden interrogar, al desprender el vehículo un olor nauseabundo en la zona del maletero. El policía dio por buena la versión del chico de que había dejado olvidada una caja de langostinos, y la zona no se revisó en profundidad .
Los abogados de la familia de la víctima no tienen ninguna duda de que se trata de un homicidio o incluso de un asesinato , en el caso de que se demostrara que hubo premeditación. Tampoco dudan de que la persona o personas que lo ocultaron diez días organizaron un «montaje» con una serie de pruebas falsas para despistar a los investigadores, entre las que incluyen un condón localizado al lado del cadáver que aún continúa registrado como una de las pistas a seguir.
Tampoco entienden por qué los forenses, además de la muerte por sofocación, apunten también como posible hipótesis del fallecimiento la muerte súbita . La joven no tenía antecedentes familiares ni patología alguna en el corazón, lo que rebaja las probabilidades a un 0,001%.
Preguntados por una supuesta intencionalidad inferida de su relato de los hechos, Ramón Amoedo ha destacado que si se tratara de «uno o dos errores» por parte de «una o dos personas, se podría pensar que nos tocaron los más tontos...», pero no cree que sea el caso.
Aún así, los dos letrados han evitado hacer «elucubraciones» y han dicho que ni se les pasa por la cabeza «pensar que alguien haya conseguido paralizar la actuación policial y judicial todo este tiempo», que no tienen «ni idea" de lo que pasó», y que solo esperan «que algún día se sepa».
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