El estatuto de las electrointensivas podría llegar tarde para Alcoa

Con casi dos años de retraso, el Consejo de Ministros aprobó esta mañana el estatuto de los consumidores electrointensivos. El plan del Gobierno para tratar de abaratar los costes de producción a la industria gran consumidora de energía podría llegar tarde para salvar la factoría de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao . La multinacional estadounidense se limita a asegurar que «no conoce el texto» del estatuto mientras espera la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que debe decidir si puede ejecutar el ERE con 524 despidos o los declara «nulos». La Xunta advierte que el documento «llega tarde y sin consenso».

En plena crisis de las fábricas de Alcoa en La Coruña y Avilés el Ejecutivo de Sánchez prometió un conjunto de medidas para rebajar la factura eléctrica a este tipo de industrias. La intención era aprobarlo antes de las elecciones de abril de 2019, pero un dictamen de Competencia frenó el texto. El organismo advertía de que las ayudas previstas podrían ser ilegales a ojos de la Unión Europea. Tras la formación del nuevo Gobierno y luego con la pandemia del Covid de fondo, el estatuto quedó aparcado. El Gobierno reformó el texto. Hace ya casi un año presentó sólo algún esbozo de su contenido, que no tranquilizó ni a Alcoa, ni a los trabajadores, ni a la Xunta. Todos coincidieron entonces en que las medidas recogidas no serían suficientes y que las ayudas previstas incluso podrían ser inferiores a las que venía recibiendo la industria en los últimos años . Alertaban de que la industria española seguiría pagando la electricidad más cara que sus competidores europeos de Francia y Alemania.

La titular de Industria, Reyes Maroto, aseguró ayer que el estatuto va a permitir a la industria contar «con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía» , según informa el Ministerio en un comunicado de prensa. Según la nota, el nuevo marco «va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores». La cifra ya había sido adelantada el pasado mes de enero y había causado preocupación tanto en los trabajadores de Alcoa como en los Gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria. Aunque hoy el Gobierno no ha ofrecido datos concretos, en aquel momento se habló de que el estatuto supondría 262 millones de euros frente a los 500 millones que sólo el mecanismo de interrumpibilidad les aportaba en 2017. Pero además, esos 262 millones tendrán que ser repartidos entre más empresas, dado que antes se consideraban electrointensivas sólo 252, frente a las 600 de ahora.

Entre las alegaciones que tanto la Xunta, como los Gobiernos de Asturias y Cantabria, habían presentado al borrador, figuraba que se incluyese la categoría de industria hiperelectrointensiva para primar a las que más energía consumen y que, precisamente, se asientan en estos territorios. «No tenemos una respuesta sobre las propuestas que le hemos trasladado», lamentó el conselleiro de Economía, Francisco Conde, según recoge Efe. El también vicepresidente autonómico recordó que pese a la aprobación del texto empresas como Alcoa, Alu Ibérica, Celsa o Ferroatlántica, todavía no tienen «una certeza clara» sobre cuál será su situación «en el futuro» . La consejería de Industria asturiana, informa Ep, afirmó que su opinión sobre el estatuto «no es favorable», ya que la gran industria del Principado va tener «un bajo descuento en su tarifa.

Aunque el estatuto esté aprobado, ahora aún habrá que esperar a que el Congreso dé luz verde a los Presupuestos para que las ayudas puedan ejecutarse. El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, era claro hace apenas una semana sobre su utilidad para la una factoría que podría cerrarse en breve: «El estatuto no tiene sentido si no hay empresas electrointensivas», afirmó en declaraciones a Efe para volver a pedir al Ejecutivo una intervención pública de la planta.