El comité de Alcoa recuerda a Maroto que el estatuto no vale si ya no quedan industrias

Tras meses de lucha para mantener sus puestos, los trabajadores de Alcoa esperan la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Justicia decidirá si el ERE presentado por la multinacional es nulo o se pueden ejecutar de forma inmediata los 524 despidos anunciados y apagar las cubas de electrólisis . Alcoa justifica su decisión de acabar con la producción de aluminio primario en San Cibrao por los elevados precios para la energía. En 2018, el Gobierno central anunciaba un plan para abaratar la electricidad a los grandes consumidores, pero el estatuto de las electrointensivas nunca se llegó a aprobar. Esta mañana la ministra de Industria, Reyes Maroto, volvía a ponerle fecha en el Congreso al asegurar que recibirá el visto bueno antes de que acabe el año. Pero podría ser ya demasiado tarde.

«El estatuto no tiene sentido si no hay empresas electrointensivas», aseveró en declaraciones a Efe el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan. Los trabajadores volvieron a instar al Ministerio de Industria a «intervenir la empresa y a luchar por la producción de aluminio» primario en España, dado que la fábrica mariñana es la única que queda en el país.

El presidente del comité considera que el Gobierno debió aprobar ese estatuto «hace más de dos años» y r ecordó que ahora el Ministerio de Industria debe centrarse en «convencer a Alcoa para que venda» la fábrica mariñana. La multinacional estadounidense negoció durante algún tiempo con el grupo Liberty House, pero no se llegó a ningún acuerdo para ceder la factoría de San Cibrao. Alcoa consideró inadmisible la oferta. Si la factoría cambiase de manos y se garantizase su continuidad el estatuto tendría que ser, al igual que la subasta de interrumpibilidad, «una herramienta» que tiene que contribuir a hacer competitivo el precio de la energía para todas las industrias electrointensivas de España, subrayó Zan.

Pese a que el cierre de la fábrica mariñana puede ser inminente si la justicia no da la razón a los trabajadores, el Gobierno central no está moviendo ficha a favor de una posible expropiación de la factoría . En su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, Reyes Maroto no se refirió al asunto. Respecto a la industria electrointensiva, Maroto se limitó a a asegurar que el anunciado y prometido estatuto para la industria altamente dependiente del consumo eléctrico, la llamada electrointensiva, estará aprobado «antes de final de año».

Este estatuto, cuya aprobación contemplaba en un plazo de seis meses un decreto ley del primer Gobierno de Pedro Sánchez de finales de 2018, no vio la luz antes de las elecciones generales del pasado año y no ha sido aprobado durante este año hasta ahora, con el Gobierno ya plenamente en funciones.

La titular de Industria ha asegurado que beneficiará a más de 600 industrias con más de 300.000 trabajadores y que su aprobación, con medidas como las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 y el fondo de reserva para garantías para estas industrias, permitirá «un marco de instrumentos al servicio de la gran industria que va a proporcionar mayor estabilidad, seguridad y certidumbre en torno al precio de la electricidad, y favorecer la inversión industrial».