Empresa ficticia, tarjetas «fake»: el montaje del falso representante del Banco Europeo de Inversión

Las tarjetas de visita eran falsas. La oficina, un señuelo. El supuesto representante del Banco Europeo de Inversiones en España y Portugal, un estafador . La sociedad mercantil a la que se derivaban los proyectos contratados, una cortina de humano. Así lo asegura la Fiscalía en el escrito de acusación remitido al juzgado para dirimir las responsabilidades de los integrantes de un entramado que a partir de la próxima semana se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de La Coruña, sección segunda (martes 10 y miércoles 11).

Según la acusación, en 2013 el principal acusado se hizo pasar por representante del BEI y celebró diversas entrevistas con emisarios de empresas interesadas en recibir financiación de la entidad (la auténtica). Les ofrecía sus servicios para lograr esos fondos y, conchabado con otro acusado, les hacía creer que para lograr el ansiado crédito debían elaborar unos proyectos que gestionaría una sociedad mercantil. Dicha sociedad había sido creada un año antes y estaba constituida por dos socios: un hijo del primer acusado y un familiar del segundo. Todo quedaba en casa.

Era el segundo acusado el que actuaba por cuenta de la sociedad mercantil, siempre según el escrito del fiscal, «y celebraba los contratos de arrendamientos de servicios para la redacción de los proyectos para la obtención de financiación». Proyectos que ambos sabían que eran «inviables» , no solo porque el supuesto representante del BEI no era tal, «sino por el hecho de que, por su importe, en el año 2013, el cauce de acceso a la financiación por importes inferiores a 25 millones de euros eran los bancos comerciales colaboradores ya que, para importes inferiores a la referida cantidad, el BEI normalmente trabajaba con bancos comerciales que ejercían de intermediarios».

Todo era un engaño. Con este esquema lograron burlar a varias empresas, con las que cerraron falsos arrendamientos de servicios y se apropiaron , después de fijar en cada caso unos honorarios que suponían un porcentaje del importe del crédito solicitado (5 o 6%), cantidades de más de 200.000 euros; 30.000; 108.000; y más de 36.000 (si bien en este último caso, la sociedad mercantil llegó a realizar una devolución, pero no consta el importe exacto ni su cobro efectivo por parte de la empresa, matiza el fiscal), respectivamente.

La acusación considera que, por un delito de estafa continuada , el princiapl acusado debe asumir una pena de 4 años y medio de cárcel . Además, todos los acusados, conjunta y solidariamente, y la mercantil, de manera subsidiaria, indemnizarán a las empresas por los importes que les abonaron, creyendo que lograrían acceder a créditos del BEI.