La Diputación de Pontevedra vuelve a la carga contra la ley del agua de la Xunta

Que se retire de inmediato para « acabar con la alerta social y el rechazo unánime ». La Diputación de Pontevedra, que lidera la socialista Carmela Silva, vuelve a la carga en su cruzada, amplificada por el ayuntamiento de Vigo y la Fegamp, contra el anteproyecto de ley de gestión del ciclo del agua . Insisten en que conllevará un aumentó de la factura con más impuestos, a pesar de que esta misma semana la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, volvía a insistir en que no es así, que los gravámenes municipales se verían sustituidos por los autonómicos.

De nada ha servido que la conselleira abordara los «errores de bulto» de las alegaciones de la federación de municipios . El diputado provincial Carlos Font le reclama a Vázquez, según nota informativa remitida este sábado por la Diputación pontevedresa, que termine con la «cadena de falsedades clamorosas». «No necesitamos más mentiras, sino que la Xunta ponga fin a este despropósito», insiste. Habla de «sablazo» y «tarifazo» y niega los argumentos del gabinete autonómico.

Cree «una broma» que Vázquez diga que los concellos no se verán obligados a subir el recibo, «cuando impone tarifas únicas y concretas sobre las que los concellos no tienen capacidad de decisión », afirma. Además, augura que conllevará una «penalización especialmente gravosa para las pesronas que menos agua consumen, así como para los hogares con mayor número de residentes». Por último, acusa a la Xunta de aprestarse a un «negocio óptimo», recaudando más pero, a la vez, obligando a los concellos a «pagar multas, pagar parte de las grandes obras y pagar la totalidad de las obras de los alcantarillados», acusa.

La conselleira recordó esta semana que el proyecto que prepara la Xunta, aún en fase de tramitación, proveerá una herramienta completamente voluntaria , a la que podrán acogerse aquellos municipios que se vean desbordados por una gestión compleja, como es la del agua, lo que anticipa, y así se asume en Infraestruturas, que recibirán peticiones de auxilio de concellos con problemas.