La Xunta recrimina a la presidenta de la Diputación de Pontevedra sus «falsedades» sobre la tasa del agua
Carmela Silva acusaba a la administración autonómica de querer cobrar el doble a los ciudadanos con la nueva ley que prepara
Polémicas declaraciones de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que han tenido una respuesta rápida en el Ejecutivo autonómico. La socialista Carmela Silva ha acusado este viernes al Goberno que preside Alberto Núñez Feijóo de pretender, con la nueva ley que se prepara, cobrar por el agua el doble a los hogares y casi el triple a los empresas . La Consellería de Infraestructuras ha negado la mayor. A las pocas horas, ha lanzado un comunicado para reclamar a la presidenta provincial que «rectifique» sus «falsas» declaraciones sobre la futura ley de gestión del ciclo del agua.
En rueda de prensa, la presidenta de la Diputación ha tachado de «escándalo» el anteproyecto de ley del ciclo integral del agua que prepara la Xunta de Galicia. Según Silva, esta iniciativa parlamentaria incluiría dos nuevos cánones que, según ella, supondría «aumentar el 180 %» el recibo del agua de los hogares y un «130 %» para las empresas . La presidenta provincial no ha ahorrado calificativos contra un texto que cree que no solo atenta «contra la ciudadanía» sino también contra la «autonomía local». «La Xunta quiere tutelar nuestra capacidad de decisión al imponernos la gestión de los recursos», ha considerado la presidenta.
«Las diputaciones no vamos a poder participar en la planificación, solo vamos a pagar (...), si esto ocurre tendremos que recortar otros servicios», añadió Silva, según ha recogido Ep. Y ha insitido: «Nos obliga a asumir más competencias impropias con los mismos recursos y a financiar obra fuera de nuestra competencias». En definitiva, considera que el nuevo anteproyecto «dinamita» su autonomía financiera.
Silva cree también que los concellos, además, tendrán que asumir nuevas cargas administrativas, costes y sanciones y «un nuevo canon con una tarifa que duplica la actual». «En lugar de ayudar a los concellos a luchar contra las fugas de agua, la Xunta les penaliza», ha añadido la presidenta. Por todo ello, ha anunciado que la Diputación va a remitir a la Xunta sus alegaciones por un anteproyecto que cree un «escándalo, injusto e ilegal».
La Xunta lo desmiente
Las reacciones desde la Consellería de Infraestructuras no se han hecho esperar. En un comunicado, este departamento de la Xunta ha cargado de inmediato contra «el desconocimiento» de Silva sobre ese anteproyecto. En todo caso, considera la Consellería, esa ignorancia « no justifica las falsedades manifestadas, que deben ser rectificadas ».
La Consellería de Infraestructuras ha querido dejar claro que el proyecto de ley que impulsa la Xunta «no supone la creación de ningún nuevo tributo ni tasa para los ciudadanos, ni subida de los ya existentes» . «Lo único que hace el nuevo texto normativo que está en tramitación es reordenar los tributos ya existentes , con una denominación más acorde al recurso que se está gravando», ha añadido la Consellería.
Por todo ello, la Xunta espera que la presidenta provincial «rectifique» esas declaraciones que contienen «graves falsedades» , para sumarse al «camino de la colaboración y el apoyo a los ayuntamientos a lo que está obligada por ley».
