Los denunciantes del ‘caso cuñada’ reclaman que Orúe espere por su indulto en prisión
El PP ve «escandaloso» que Comesaña vaya a seguir cobrando en una concesionaria

La plataforma Xuntos por Galicia, denunciante del ‘caso cuñada’, no quiere que el caso se disuelva como un azucarillo en la ría de Vigo. En un recurso de súplica elevado a la Audiencia de Pontevedra este viernes, se opone a la decisión de este tribunal de permitir al principal condenado —el exalto funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe— esperar por el indulto solicitado al Ministerio de Justicia sin entrar en prisión, a pesar de que sobre él pesa una condena cinco años y tres meses ratificada por el Tribunal Supremo.
Xuntos sostiene que la Audiencia es «incongruente e incoherente», al reconocer en su auto que conductas corruptas como las de Orúe «generan alarma social pero, al mismo tiempo, accede a la suspensión» de su entrada en prisión, a la espera de la resolución de la medida de gracia. «Cabría preguntarse si genera más alarma social la condena o las prerrogativas de que disfruta un político condenado en firme por corrupción —como es este afiliado del Partido Socialista— para que esta condena no se cumpla».
Además, contra el argumento empleado por la Audiencia, que reconocía como virtud que Orúe hubiese abonado la multa impuesta en la sentencia con recursos propios y no mediante una aseguradora, la plataforma denunciante censura que se esté «premiando la capacidad económica» del condenad o . «Debe entenderse entonces que la fortuna de una solicitud de suspensión de la pena de prisión va a depender del saldo disponible en la cuenta corriente para abonar la responsabilidad civil impuesta» en un fallo judicial.
Cesar a Comesaña
La consulta del Concello de Vigo al tribunal para que el otro condenado, Ramón Comesaña, pueda seguir subrogado en otra concesionaria municipal, con 97.000 euros de sueldo, a pesar de la «inhabilitación total» que recoge la sentencia, sigue dando que hablar. El PP tachó este viernes de «escandalosa» la preocupación del gobierno vigués por esta persona, que atribuyó a un intento de «comprar su silencio». Ni Comesaña ni Orúe revelaron nunca qué cargo político les ordenó enchufar a la cuñada de Carmela Silva en la empresa Imesapi. «Caballero sigue premiando a los responsables penales del mayor caso de corrupción que se recuerda en los últimos años en Galicia», resumió el portavoz popular, Alfonso Marnotes.
Desde el Concello, a través de un comunicado, se alega que tan solo realizaron la consulta para informar a la próxima empresa concesionaria del personal subrogable, «con el fin de que los futuros contratistas conozcan sus obligaciones» . Y se desentiende de «las relaciones laborales» del próximo adjudicatario del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
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