Cuatro de cada diez quejas a la Valeduría proceden de la sanidad

Un 40,55% de las quejas recogidas en 2018 por la Valeduría do Pobo se correspondieron con el área de sanidad, con diferencia la que propició la apertura de un mayor número de expedientes , 8.437 de un total de 20.807. Le siguieron el urbanismo, con un 16,88%, y la educación, con un 11,49%. Combinadas, abarcan casi siete de cada diez reclamaciones tramitadas por la institución. Son datos extraídos del informe anual de actuación, presentado este martes por la Valedora, María Dolores Fernández Galiño , apenas una hora después de entregarlo al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en compañía de su segunda de a bordo, María Xosé Porteiro.

A Fernández Galiño se le demandó, en rueda de prensa, una interpretación de las citadas cifras, pero optó en todo momento por la cautela. Explicó que « no querría anticipar ninguna conclusión » que vaya a formular la próxima semana, en la Cámara autonómica, ante la comisión de peticiones, por una cuestión de «lealtad institucional». Será entonces cuando le corresponda «dar cuenta» de la «labor» de la institución, apuntó; por más que, paradójicamente, esa rendición de cuentas sea por persona interpuesta, dado que en 2018 quien ostentaba el cargo era Milagros Otero .

A lo máximo que llegó su sucesora ante los medios fue a exponer que debe tenerse en cuenta que el volumen de quejas de sanidad, urbanismo y educación es « proporcional al volumen de servicios» que prestan, como también al de «usuarios» de éstos. En el caso concreto de la sanidad, recordó que hay 2,7 millones de gallegos y otros tantos usuarios. Así, no quiso entrar a valorar que el cierre del servicio de pediatría en el centro de salud de Coruxo acumulara 5.748 reclamantes, el de mayor número para un mismo asunto, o que en cuarto lugar figuren los «problemas de atención sanitaria en Moaña» (1.225). Sí hizo hincapié en que «hay un interés en colaborar» y en que «la comunicación con la Consellería de Sanidade es buena». Relación que hizo extensiva al resto de administraciones, matizando que en el caso de la local, por falta de medios, «a veces» no se responde «con la celeridad que nosotros querríamos». En todo caso, desde 2006 no ha sido necesaria ninguna «declaración de hostilidad».

El informe refleja que, con respecto a 2017, en 2018 descendió el total de expedientes —20.807 frente a 29.365, un 29% menos— pero se incrementó el de asuntos —pasaron de 2.359 a 2.706 el año pasado, un 15% más—. Una tendencia que se mantiene: a 30 septiembre de 2019 se llevaban tramitados ya 2.971 asuntos. En cuanto a las actuaciones de oficio, fueron 43 el año pasado —frente a las 224 de 2017—, y en el actual suman 39.

Un apartado en el que la Valedora puso el ejemplo de una actuación a raíz de informaciones sobre atascos en la AP-9, en la periferia de Vigo, que se incorporó a una demanda colectiva presentada por la Fiscalía de Pontevedra; o ante la suspensión del pago de la Risga a una familia que fue enmendada por la Consellería de Política Social, que además incorporó el criterio de la institución a la ley de inclusión social. Sumado a la aceptación del 80,7% de sus resoluciones (109 de 135), la Valedora celebró que «demuestra» una «eficacia persuasiva» que suple la no obligación de cumplirlas.