Coronavirus Galicia
La emergencia social que llegó con la pandemia
La demanda de ayuda se dispara en las entidades que trabajan por la inclusión y empiezan a quedarse sin recursos
Desde hace algún tiempo, Juan Antonio Fernández colabora en el reparto de comida para personas vulnerables que realiza la ONG Libertad, Libertad de Vigo. Pero en las últimas semanas él también ha tenido que volver a pedir ayuda a quienes lo habían apoyado para dejar las drogas y encauzar su vida. Él y su pareja son pensionistas por enfermedad e ingresan en conjunto unos 800 euros al mes . 330 se los lleva la hipoteca. Fernández reconoce que para llegar a final de mes salía a buscarse algún trabajo como pintor o reparando vehículos. «Ingresaba algo de dinero B», indica. El confinamiento que ha traído el coronavirus lo obligó a quedarse en casa y las pensiones no dan para cubrir todos los gastos.
«Muchas personas que ya estábamos atendiendo estaban consiguiendo pasar a otra fase, estaban levantando su situación económica y ahora volvieron para atrás» , indica Eloína Injerto, presidenta de la Rede Galega contra a Pobreza, EAPN-Galicia. Los efectos económicos de la pandemia han golpeado primero a los más débiles, pero las entidades que luchan contra la pobreza advierten que cada vez llega más gente llamando a su puerta que nunca antes había pedido ayuda. «Nuestros agentes están muy preocupados. Estamos viendo que vuelven los que ya habían dejado de necesitarnos y empiezan a aparecer casos nuevos que nunca antes habían estado en Cáritas », indica Anuncio Mouriño, director de la entidad en la diócesis de Santiago.
En la Comunidad, antes de que la pandemia del coronavirus azotase la economía, ya había 622.294 personas vulnerables, según el informe Estado de la Pobreza en Galicia 2019 . «La crisis anterior dejó una resaca muy importante. Los ricos se hicieron más ricos y la clase media se disminuyó», explica Mouriño. Tras el paso del virus, un tercio de la población activa —la que tiene más de 16 años y trabaja o busca trabajo— está ya en paro o ha visto reducido sensiblemente su salario tras acogerse su empresa a un ERTE.
En la red de entidades que prestan apoyo a las personas vulnerables no esconden su preocupación. En las últimas semanas, las peticiones de apoyo se han disparado . «Hay una gran cantidad de personas despedidas que no tienen nada y muchas de las que están en ERTE aún no han cobrado», indica Pedro Pereira, responsable del Banco de Alimentos en Vigo. «Lo primero que hemos notado es el grupo de personas que tenían un trabajo sumergido», explica. Hasta el pasado mes de marzo, la entidad repartía a ONG del área de Vigo alimentos que cubrían las necesidades de unas 20.000 personas cada mes. En las últimas semanas la cifra ha crecido hasta las 25.000. Y se espera que todavía vaya en aumento. En los comedores sociales han tenido que reinventarse. Ante la prohibición de reuniones para evitar los contagios, sus usuarios recogen la comida en táperes. El de la ciudad de Pontevedra, por ejemplo, servía unos 200 platos diarios. Ahora son ya 300.
Las ONG están agotando además su despensa de alimentos y recursos . «Llama mucha gente de la organización preocupada diciéndonos que en junio qué vamos a hacer», explica el director de Cáritas diocesana de Santiago. «La situación es muy compleja», coincide Pereira, quien precisa que hasta ahora se ha conseguido mantener el suministro . «Estamos teniendo una gran suerte, que es la solidaridad de la gente», indica el responsable del Banco de Alimentos de Vigo. Ante la prohibición de llevar a cabo recogidas de comida presenciales en los distintos supermercados, la entidad ha puesto en marcha la Operación Kilo, en la que se implicaron desde el primer momento músicos como Iván Ferreiro y su hermano Amaro. A golpe de clic, quien quisiese colaborar podría comprar cestas de entre 10 y 30 euros. En una semana se recaudó el dinero suficiente para comprar 42.000 kilos de alimentos.
Apoyo estable
Con la llegada de la Covid-19, las diferentes administraciones e incluso las entidades bancarias han puesto sobre la mesa diferentes iniciativas para intentar ayudar a la población vulnerable. Pero para los colectivos en mayor riesgo a menudo son poco ágiles o insuficientes. «En el banco en el que tenemos la hipoteca ofrecen flexibilidades de pago, pero fuimos a preguntar y nosotros no entramos», explica Juan Antonio Fernández. «Hay que justificar un descenso de ingresos y como a nosotros nos bajó la parte que sacamos en B no tenemos manera», indica el vigués. «Yo soy pesimista por naturaleza, pero tal como veo que está reaccionando la gente en la desescalada, no creo que esto se vaya a acabar rápido, va a haber una repercusión para toda la población. Esto ha sido una catástrofe», asevera.
Desde EAPN-Galicia agradecen a la Xunta que haya atendido algunas de sus peticiones, como la de rebajar los trámites burocráticos para la Renta de Inclusión Social. Fuentes de Política Social explican que unas 10.000 personas cobran la Risga en Galicia, pero reconocen que la Xunta tarda de media 55 días en resolver los expedientes. La espera para quien la necesita suele ser mucho más larga. Primero acuden los servicios sociales de los ayuntamientos y dependiendo del municipio tardan uno o varios meses en que la solicitud llegue a la administración autonómica. Las cuantías son también escasas, denuncia Anuncio Mouriño, de Cáritas. «Hay gente que cobra 400 euros y aquí en Santiago 400 euros es lo que cuesta un piso barato. Para todo lo demás tienen que recurrir a nosotros», indica. Entre las medidas del plan social aprobado por la Xunta para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria está también un incremento de ayudas a las entidades que trabajan por la inclusión social. Es la mayor cuantía de la historia de Galicia y llegará a los 18,3 millones de euros, un 22% más que en la última convocatoria .
Desde las entidades hace tiempo que se solicita una renta mínima vital que ahora el Gobierno central ha decidido poner en marcha . «Desde Cáritas defendemos que a quien lo necesite que se le apoye», indica Anuncio Mouriño, quien sin embargo, recalca que «la gente no tiene que mendigar sino poder ganarse el pan». Eloína Injerto recuerda que el ingreso mínimo vital es una de las exigencias de la Rede Galega contra a Pobreza desde hace más de 8 años. «Es indispensable», asevera, aunque muestra su preocupación por cómo va a coordinarse con rentas como la Risga que ofrece la comunidad autónoma. «Es urgente que llegue», afirma.
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