Coronavirus
Feijóo envía a Sánchez su reforma de la ley de salud pública para acabar con el «vacío» y la «inseguridad»
El presidente de la Xunta lamenta que hayan transcurrido meses sin que el Gobierno les dé a las autonomías una herramienta para gestionar con garantías la pandemia
Se puede aprobar el estado de alarma para establecer confinamientos en Madrid
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que ha firmado y remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propuesta de reforma de la ley orgánica de salud pública que Galicia viene demandando desde hace meses, por ser «imprescindible para asegurar la seguridad jurídica, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento correcto de los operadores judiciales en España», ante la gestión de la pandemia de coronavirus , ha subrayado el mandatario autonómico tras la reunión semanal de su gabinete.
Feijóo ha remarcado que la propuesta, formulada ante la propia invitación de Sánchez a los presidentes autonómicos, es « constructiva, leal y está hecha por expertos asesores de la comunidad autónoma, que beben de fuentes del Tribunal Constitucional». Dado que el estado de alarma es una «medida excepcional» y no resulta «adecuado acudir a ella para el control sistemático y diario de la pandemia» de Covid, «queda claro» que la legislación sanitaria, sin actualizar desde 1986, debe «reforzarse» para que todas aquellas decisiones que adopten las autoridades de salud pública (autonomías y Gobierno central) «tengan amparo legal por tener una legislación adecuada y suficiente para adoptar medidas».
Se trata de «actualizar» la ley, en definitiva, para que todas las decisiones que se van adoptando frente al virus dispongan de «refrendo legal suficiente» y «no tener que estar en cuestión en función de cada decision de cada tribunal del conjunto de tribunales de España». Lo que pide la Xunta son « mecanismos útiles para poder hacer nuestro trabajo » y «responsabilidad de todos para luchar contra la pandemia», entendiendo que «el instrumento no es un estado de alarma».
« Necesitamos una legislación sanitaria adecuada », ha insistido Feijóo, quien ha remarcado el «ánimo constructivo» de la Xunta y ha vuelto a lamentar que se ha esperado «meses» sin que el Gobierno mueva ficha en este sentido. La propuesta de Galicia se entiende «útil para dar seguridad jurídica», desde la «máxima lealtad al Gobierno central», ha insistido el presidente gallego.
La modificación de la ley orgánica de salud pública se articula en dos grandes bloques : un catálogo de medias que se puedan «dictar de forma inmediata», dándoles «seguridad jurídica»; y los «requisitos» que han de cumplirse, al verse afectados derechos individuales y privados, así como decisiones mercantiles, comerciales y económicas.
Medidas
Las medidas recogidas en la propuesta incluyen: control de los enfermos de Covid (aislamiento, internamiento); sometimiento de éstos a tratamiento adecuado; control de contactos estrechos (cuarentenas); observación, vigilancia del estado de salud, examen médico o pruebas diagnósticas a personas con síntomas; medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, «incluida la vacunación»; y control del entorno inmediato de los enfermos y sus contactos, así como de las zonas afectadas.
Este punto puede incluir limitación o restricción de la circulación o movilidad de las personas, control de la salida y entrada de una zona, restricciones a las agrupaciones o concentraciones de personas, incluidas las reuniones privadas entre no convivientes, y cribados de pruebas.
Estas medidas, defendió Feijóo, deben formar parte del ordenamiento jurídico y tener rango normativo máximo, de ley orgánica, y estar disponibles «de forma inmediata para no vivir en un sobresalto continuo».
Requisitos
El segundo «gran bloque», en palabras de Feijóo, lo componen los « requisitos para la adopción de las medidas ». Éstas se adoptarán con la urgencia que el caso requiera, pero eso sí, de forma motivada, bajo el principio de precaución, publicadas en el diario oficial correspondiente. Con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, serán «siempre temporales», con duración fijada para cada caso, informando a la población afectada.
Teniendo en cuenta la colisión con derechos y libertades fundamentales , las decisiones que se adopten respetarán la dignidad de la persona, se priorizará la «colaboración voluntaria» de los afectados, no se podrán ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida y se deberán utilizar aquellas medidas que «menos perjudiquen al principio de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos afectados».
En síntesis, las medidas habrán de ser «necesarias», «adecuadas» y «ponderadas».
El ejemplo de Madrid
Feijóo ha abundado durante su comparecencia en que es «absolutamente imprescindible poder trabajar en una España en plena pandemia con una legislación sanitaria» que permita regular la respuesta. «A ver si conseguimos un poco de sensibilidad y ayuda para poder cumplir nuestro deber con rigor y también facilitar a los operadores judiciales legislación adecuada para poder validar las propuestas de las comunidades autónomas sin tener que acudir a un estado de alarma », escenario que se daría en caso de que queden sin efecto las medidas que se van adoptando.
Preguntado por el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las medidas restrictivas adoptadas en esta comunidad, Feijóo ha opinado que representa un ejemplo de que «no tenemos una legislación adecuada ni suficiente para garantizar que las medidas que adopten las autoridades de salud pública puedan ser validadas por los tribunales». « Hay un vacío legal, una ausencia de una legislación con rango de ley orgánica » que dé cobertura a las autonomías. Lo que hace el TSJM, ha ponderado, es recordar que la legislación actual en España «carece de contenido y precisión para poder autorizar esa restricción de derechos sin que se active el estado de alarma».
«No tenemos herramientas legales», ha reprochado, «tenemos que estar siempre sobre la base de la interpretación judicial» y «así es muy difícil poder gestionar la pandemia». «No creo que sea tan complejo, de una vez por todas, dar un instrumento legal con rango de ley orgánica para que las comunidades autónomas podamos cumplir nuestro trabajo y el Gobierno pueda cumplir el suyo sin activar el estado de alarma».
«Hay un vacío legal», ha insistido, «y lamento profundamente toda esta sensación de inseguridad en la que vivimos en nuestro país. Ya es suficiente con la inseguridad que produce el virus, como para añadir una inseguridad jurídica simplemente por la negativa a legislar cuando es imprescindible, ante un hecho sobrevenido y nuevo con vocación de cierta permanencia, como es la pandemia de Covid», ha remachado.
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