POLÍTICA
La unidad imposible contra los incendios
Naufraga el intento de aprovechar la comisión forestal del Parlamento para forjar un acuerdo de país contra la lacra incendiaria
El pasado siete de noviembre Alberto Núñez Feijóo recetó unidad para plantar cara a los incendios forestales. Partiendo de la premisa de que Galicia no arde, sino que la queman, el presidente autonómico esbozó una batería de treinta medidas para apuntalar la lucha contra el fuego y desvinculó la batalla del toma y daca entre partidos. «El futuro forestal no depende solo del gobierno de cada momento, sino de todo el país y durante décadas», dijo en aquella comparecencia, medio mes después del fatídico «domingo negro» de octubre. La puerta abierta por el mandatario se sustanció poco más tarde, con la creación de una comisión de estudio —no de investigación, como exigía parte de la oposición— sobre la política forestal y los incendios en el Parlamento. El foro trabajó durante ocho meses, escuchó sesenta comparecencias de expertos y figuras vinculadas al rural, y preparó un dictamen de 270 folios y 107 recomendaciones . Todas, encaminadas a dar un vuelco a la batalla contra el fuego. Todas, también, pensadas para hacer un ejercicio político de consenso que hasta entonces se había demostrado casi imposible. El resultado: más cal que arena. Aunque aproximadamente el 80 por ciento de los puntos concitaron un nivel de apoyo bastante amplio, solo PP y PSdeG avalaron la totalidad del documento.
Preguntados por las razones de la desunión, algunos de los portavoces que participaron en la comisión destacan principalmente dos puntos de choque: las tesis encaminadas a reformar los montes comunales y el análisis de los servicios de extinción y prevención de incendios . En el primer caso, la izquierda más radical ve un proceso encubierto de mercantilización de las mancomunidades para sorpresa de populares y socialistas, que defienden que la actual legislación —de 1989— fue aprobada durante el mandato de González Laxe precisamente con el beneplácito del nacionalismo. En el segundo caso, En Marea y BNG defienden que faltó profundidad a la hora de evaluar los problemas del dispositivo contra el fuego.
Sin embargo, tanto en uno como en otro punto, el PP cree que las consideraciones técnicas quedaron opacadas por las posiciones de parte. «No veo más que razones de tipo ideológico», afirma en conversación con ABC el parlamentario popular José González: «Hay grupos a los que le cuesta mucho llegar a acuerdos con todo lo que suene a PP».
El partido mayoritario en O Hórreo encaró los trabajos de la comisión sabiendo de antemano que la oposición iba a afilar las críticas contra la Xunta, cuando no a convertir los debates en un intento de depurar responsabilidades políticas más allá de los aportes de los expertos. Sorprendentemente, en algunos puntos se lograron avances, pero a medida que la comisión encaró el final, la sombra del partidismo emergió de nuevo. González cita, por ejemplo, una enmienda del BNG llamada a censurar la actuación de la Xunta en los incendios de octubre. «Esto es una comisión de estudio. Si coges eso, ¿piensas que están intentando llegar a algún acuerdo contigo?» , reflexiona el diputado, que cree que la maniobra de los nacionalistas iba a encaminada a poder decir después «que el dictamen no tiene sentido porque no hay consenso».
González entiende que tanto su partido como el Gobierno destilaron realismo en su estrategia, y que eso desorientó a los demás. «La Xunta no es que no quiera solucionar los problemas, es que tiene que luchar día a día con una serie de causas estructurales muy complicadas. Ellos ni de broma se esperaban que escribiéramos un dictamen en el que se dijera por gente del PP que hay un elevado grado de abandono del monte , que hay poca ordenación o que hay que atacar la estructura de la propiedad», comenta.
Un estudio, no un juicio
Paradójicamente ese fue uno de los motivos que llevaron al PSdeG a dar su visto bueno al dictamen. En palabras de su portavoz en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, el texto significa «una rectificación sustancial de las políticas llevadas a cabo por el PP»; una «buena base», sostiene, para que se pudiera forjar un acuerdo entre ambas formaciones.
El socialista reconoce que la comisión sirvió para destapar «cierta insatisfacción» entre los partidos, especialmente por el hecho de que al frente de la política forestal «continúa el mismo equipo que la gestionó en los últimos tiempos». Pero Leiceaga supo distinguir entre la crítica a la gestión de los incendios de octubre y el mandato de la comisión , lo que le mereció algunos elogios incluso desde la bancada del PP . «No estábamos juzgando la política forestal para atrás, estábamos juzgando las recomendaciones», aclara.
Desde En Marea también se muestran conscientes de que era ése el diseño de la comisión, pero explican que, para haber aprobado el dictamen, antes debió haber existido un acercamiento con el PP que no se produjo. «En ningún momento se sentó a hablar para ver qué era lo que pensábamos, qué se debería cambiar en el país» , lamenta el diputado rupturista Davide Rodríguez, que ataca a la Xunta por no querer «tocar» los servicios de extinción y al PP por usar su profesión, bombero forestal , para deslizar que priorizaba las reivindicaciones laborales por encima de su labor parlamentaria. «Yo no soy experto», se revuelve Rodríguez, «yo soy trabajador del servicio y En Marea se ha reunido durante dos años con colectivos y sabe cuáles son las carencias. Fuimos excluidos, no nos autoexcluimos nosotros», culmina.
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