LA COMISIÓN FORESTAL SE CIERRA SIN CONSENSO
Cien recetas contra la lacra incendiaria
Solo PP y PSdeG dan luz verde al informe, tras ocho meses de trabajo y 60 comparecencias
El nacimiento de la comisión de estudio de incendios y política forestal ya ofreció señales de lo que finalmente acabó siendo:un foro útil para el análisis técnico, para desmenuzar las fallas estructurales de los incendios forestales, pero un espacio, al final, empañado por las disputas y el cortoplacismo político . Entonces, era finales de noviembre del 2017. Había transcurrido poco más un mes desde que la ola de incendios de octubre segó la vida de cuatro personas, dejó a cientos con su patrimonio en el alambre, y arrasó con 50.000 hectáreas de monte. Pero las protestas de En Marea y el BNG por quedarse fuera de la Mesa de la comisión predijeron que el intento de Galicia por consensuar una solución «de país» iba a quedar en nada. Fue una señal. Ayer, ocho meses y sesenta comparecencias después, solo el PP y el PSdeG dieron el visto bueno al dictamen final, que recoje además de una foto fija de la problemática, un centenar de recomendaciones. Rupturistas y nacionalistas optaron por la abstención.
En síntesis, el documento, estructurado en cuatro partes, propone atacar los incendios desde la raíz. Esto es: desde sus causas estructurales. Por ello, propone a las autoridades actuar no solo sobre los dispositivos de extinción y prevención, sino desde la ordenación y planificación de los usos del monte, y principalmente desde su puesta en valor.
Una de las recomendaciones sustanciales del dictamen pasa por reformar las funciones de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dotándola de capacidad para comprar y vender tierras, o intermediar entre los inversores que quieran apostar en el rural . Sería el caso, por ejemplo, de la creación de los polígonos forestales: un terreno en el que situar toda la capacidad productiva de una zona, más alla de ejecutar operaciones de concentración parcelaria. Incluso, el dictamen deja la puerta abierta a que la AGADER se haga con el control de las tierras de propietario desconocido, una medida que la Xunta ya incluyó —aunque a través del Banco de Terras— en el decálogo de actuaciones pactado con la Fegamp.
La invisibilidad en el catastro es desde hace años un viejo enemigo del rural y se antoja como una de las razones por las que no acaban de cuajar las iniciativas planteadas desde la administración. El razonamiento es sencillo: para concienciar al propietario de sus obligaciones, primero hay que identificarlo. Al final, dos tercios del monte (1,3 millones de hectáreas) están en manos de pequeños propietarios, y algunos comparecientes llegaron a estimar que solo ejercen como tales un escasísimo 3%.
Grupo de control
Cuestiones de propiedad al margen, el texto entra de lleno a valorar la ordenación, para la que aconseja seguir la senda marcada por el Plan Forestal para la ordenación de especies, la creación de un certificado de sostenibilidad, el impulso un inventario propio en Galicia o la simplificación normativa.
Pero el epígrafe más esperado es el de la extinción y prevención de los incendios. En primer lugar, la comisión señala la necesidad de centralizar bajo un solo ente dependiente de la Xunta la coordinación de las tareas, además de la prestar asesoramiento a los concellos. Junto a ello, apuesta por fundar un grupo compuesto por 6 expertos, a elección de los grupos parlamentarios, y dirigidos por el Jefe de Servicio de Extinción de Incendios . Se encargaría de pulir las carencias que cada año presenta el dispositivo y trasladarlas a la comisión del Parlamento antes de que dé comienzo la temporada de máximo riesgo.
Por lo demás, la comisión hace hincapié en el refuerzo de las comunidadades de montes y los espacios protegidos, el apoyo a la investigación policial y el empleo de nuevas tecnologías en prevención , o la aplicación de incentivos económicos y fiscales que generen riqueza en el rural:la clave de bóveda para paliar la despoblación, y con ella, favorecer el cuidado natural del monte.
Batalla política
Esas son las aportaciones del dictamen. La política, mientras, sigue su propia lógica. Ayer, los grupos se enzarzaron sobre la utilidad final del docmento y algunos minaron su utilidad bajo el pretexto de ser «el dictamen del PP» . Una acusación que rehusó el diputado popular, José González, para quien todavía queda tiempo para sellar un consenso. Al menos, hasta que el «valiente» texto, como lo calificó durante su intervención, sea sometido al pleno del Parlamento , en el que previsiblemente será aprobado con los votos a favor del PP y PSdeG.
Los socialistas van en la misma línea. Para su portavoz en O Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga la comisión ha servido para poner encima de la mesa «cambios de relevancia» y no para someter al PP a un «juicio» , pese a que considera el informe como «una rectificación» a la política forestal de la Xunta y a la estrategia de ordenación de tierras, que no «funcionó como debía funcionar».
Desde En Marea, el diputado Davide Rodríguez lamentó las «carencias importantes» del dictamen, cuyas aportaciones cree que no van «al fondo»de la cuestión. Rodríguez llegó a acusar al PP de «arrasar» la voluntad de consenso con la que la confluencia había iniciado los trabajos. Por el bando nacionalista, Xosé Luis Rivas ‘Mini’ denunció que la comisión no hubiese servido para depurar «responsabilidades políticas» en el Gobierno autonómico y rechazó el texto final por no dar «el giro de 180 grados» que, en opinión del parlamentario del BNG, se necesita para finiquitar de una vez la plaga de los incendios en Galicia.
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