Polémica con Adif
Adif empieza a quitar los vagones del Sil y afrontará una multa de la Confederación Hidrográfica al tirarlos sin permiso
La CHMS estudiará aplicar un expediente sancionador si los daños «fuesen constitutivos de infracción de la legislación de aguas»
Continúan los movimientos tras el desafortunado aterrizaje en el río Sil de un vagón de mercancías. Mientras que Adif trató de quitarse cualquier intencionalidad en la acción el martes, este miércoles la Xunta ha pedido explicaciones y medidas al Ministerio de Transportes y al de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) informó de una investigación, que derivará en sanción. Es decir: este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, le abrió una investigación a una empresa pública del Estado. Todo ello para tratar de esclarecer el incidente en la línea ferroviaria junto al Sil donde Adif arrojó un vagón al cauce, según el gestor de las infraestructuras ferroviarias, de manera accidental, cuando trabajaba en apartar esos vagones para facilitar las labores de encarrilamiento del tren de mercancías de Renfe siniestrado días atrás en la zona, en el orensano concello de Carballeda.
La CHMS sostiene que hubo intencionalidad en la actuación de la empresa pública ferroviaria y abrió diligencias previas para investigar y determinar los daños al dominio público hidráulico, causados tras precipitarse este domingo al cauce del río Sil los dos vagones del tren de mercancías.
Según afirmó el presidente de la CHMS, el 112 gallego llamó el domingo informando de la operación: se tirarían los vagones al agua para recogerlos posteriormente, debido a la dificultad para retirarlos después de su descarrilamiento de otra manera. Este organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no lo autorizó, precisamente, por cuestiones de carácter medioambiental y envió vigilancia a la zona.
«El domingo por la tarde, para nuestra sorpresa, nos encontramos que la empresa ejecuta la acción de retirada de los vagones con el resultado que conocemos», afirmó a los medios el responsable del organismo, José Antonio Quiroga. Es por eso que ese día ya «se abre instrucción» por «tan sorprendente actuación» de la autoridad ferroviaria. Las aguas quedaron turbias momentáneamente por la caída del vagón.
«Contamos con que, al final de la semana siguiente esté instruido totalmente e incoado el expediente, que tiene que pasar por una sanción económica y, lo más importante, la restitución del daño ambiental causado, incluida la retirada de los vagones del dominio público hidráulico», remató Quiroga. Por lo tanto, la CHMS se refiere a la intencionalidad de los hechos, que el martes negó Adif a través de un comunicado, en el que señalaba que por error uno de los vagones acabó tocando el agua del principal afluente del Miño.
Además, se cortó el tráfico ferroviario en la zona para retirar los cuatro vagones que permanecen, entre ellos, los dos del cauce del Sil. Las tareas llevarán varios días.
Mientras tanto la Xunta se puso firme con cartas a los dos ministerios implicados, el de Transportes, de José Luis Ábalos, del que depende Adif, y a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica, de Teresa Ribera, de la que depende la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En ambas la Consellería de Medio Ambiente explica que se enteró por la prensa de estos hechos y reclama medidas al Gobierno para evitar los daños naturales. Al Ministerio de Teresa Ribera se pide que las tomen «para atajar los posibles daños que estos hechos hayan podido causar en el rico patrimonio natural que caracteriza a este municipio gallego», según refleja una misiva a la que tuvo acceso ABC.
A Ábalos le pide que se aclaren los hechos «cuanto antes» y que se «clarifiquen oportunamente». Señala, por otro lado, que quieren, en el futuro, «que se nos informe cumplidamente de las medidas a tomar por parte del Gobierno central para reparar los posibles daños ocasionados al entorno».
Además, el departamento de Ángeles Vázquez advierte de que la Xunta se reserva tomar las medidas oportunas dentro del ejercicio de su competencia. De hecho, enviaron «a la zona a agentes medioambientales para que levanten acta de la situación». El Gobierno gallego también lo considera un acto acometido de «forma voluntaria vagones ferroviarios a un cauce fluvial», lo que «supone un ataque al patrimonio natural, a la biodiversidad y al paisaje de la zona».
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