Decisión judicial
El Concello de Vigo no comunicó 24 veces a las autoridades que el agua del grifo no era apta
El TSXG ratifica la multa de 19.000 euros al Consistorio por no controlar su calidad
No es firme todavía, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó esta semana la sentencia por la que condena al Concello de Vigo a pagar 19.000 euros por una serie de infracciones (tres graves y una leve) relacionadas con la calidad del agua del grifo para el consumo humano que se ofrece en la ciudad olívica. El consistorio de Abel Caballero había recurrido contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la localidad, que daba la razón a la Consellería de Sanidade, aunque rebajando la multa inicial de 21.520 euros hasta esos 19.000, aproximadamente.
La sentencia en primera instancia, de junio de 2019, derivó de una demanda del propio Concello vigués contra la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta, que lo sancionó en 2018. El fallo del Superior acepta los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada , según los cuales la Administración local del Concello más poblado de Galicia ha venido incumpliendo desde 2011 la normativa en materia de agua de consumo y el control de su calidad.
El texto legal adjunta una serie de irregularidades realizadas por el ayuntamiento a lo largo de los años. Desde 2011 comienzan los problemas, citan los fundamentos jurídicos: a partir de ese momento «el Concello venía incumpliendo la normativa en materia de agua de consumo, en relación con el control de su calidad», explica. Un año después, en 2012, se había requerido desde la Xunta al Consistorio «para que adoptase las medidas precisas a fin de asegurar la realización del control de calidad del agua en el grifo del consumidor, así como la elaboración periódica de informes sobre los resultados obtenidos».
Será cuatro años después, con un nuevo requerimiento, cuando se reclama corregir las deficiencias que se llegaron a detectar en el mes de marzo de ese año, 2016. La lista incluye que «no se realizaron la totalidad de los análisis del grifo del consumidor en el año 2015» y que los que sí se hicieron no fue a través de «laboratorio acreditado»; que «los datos no figuraban en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo)», «no incluyen los parámetros de color, olor y cloro combinado residual» o que no se hicieron «controles de agua en locales, establecimientos y domicilios representativos, construidos antes de 1980».
Esa retahíla de cuestiones del año 2016 se repite en algunos casos en 2018, cuando se inspecciona tomando como base las analíticas que se hicieron en el periodo entre 2016 y 2017. Así, «sigue sin existir laboratorio acreditado» o «no figura en el SINAC ninguna de las analíticas de control en grifo». A estos dos puntos se le añaden otros, como la falta de comunicación a las autoridades sanitarias de 24 analíticas que detectan el agua como no apta, además de otras 31 que terminan con el resultado de apta con no conformidad , cita el texto. No solo no fueron transmitidas, sino que «ninguna de estas anomalías fue confirmada en el plazo de 24 horas», explica.
La cuestión de esos años 2016 y 2017 no queda ahí: se puede añadir a la lista «29 boletines que corresponden a muestras recogidas en la salida de las ETAPS de Casal y Valladares, que no pueden considerarse controles en el grifo del consumidor» o que en controles «durante trece meses la muestra no es representativa de la zona de abastecimiento, porque lo que se hace es recoger muestras de la misma instalación en distintos puntos en la misma fecha, en lugar de efectuarlo en instalaciones diferentes». También se critica que no en todas las analíticas «se determina el metal de la instalación interior objeto de control».
Así pues, los hechos que aparecen en las sanciones económicas «sí que se encuentran tipificados, sin que se aprecie vulneración del principio de legalidad». Además, se insiste en que existen «controles analíticos que evidencian las infracciones cometidas» .
Se explica también que el laboratorio municipal encargado de los controles del agua que salía por los grifos de Vigo c ontaba «con un sistema interno de aseguramiento de la calidad», pero ese laboratorio no estuvo acreditado para ellos hasta 2018. Eso era una exigencia a la que se debía dar cumplimiento, algo que no se hizo.
El portavoz del PP en el Consistorio, Alfonso Marnotes, afirmó que Caballero «ocultó las analíticas que decían que el agua no era apta para consumo». La Xunta, en voz de su delegada en Vigo, Marta Fernández Tapias, instó al Concello a que «tome medidas» respecto al problema del agua «de forma inmediata». El alcalde afirmó desconocer la sentencia el pasado martes.
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