Galicia
La CNMC reconoció que la prórroga del autobús urbano de Vigo era «impugnable»
No lo hizo, aunque un voto particular advirtiera la existencia de irregularidades
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidió el pasado 28 de julio no interponer un recurso judicial ante la decisión del Concello de Vigo de prorrogar, en plena pandemia, el contrato del servicio de autobuses urbanos de la ciudad. Lo llamativo, sin embargo, es que el pleno de la CNMC adoptó esta postura pese a reconocer que esta decisión de la corporación viguesa « era susceptible de impugnación ».
La decisión del regulador no fue unánime, y contó con el voto particular de la consejera Pilar Canedo , que puso de manifiesto que dicha prórroga «carece de base legal» al haber sido previamente denunciada; que no se había «respetado» por parte del Concello el Reglamento europeo de 2007 relativo a las concesiones de transporte de viajeros; que la apelación del consistorio a los efectos provocados por la pandemia no resulta creíble; y que se afecta «al interés general» cuando se prolonga un contrato que ya había cumplido su vida útil inicial de 25 años abriendo la puerta incluso a que se extienda 35. «La actuación de la administración debería ser impugnada», resume el voto particular.
El aspecto más controvertido de la decisión del Concello vigués, para la consejera Canedo, era el hecho de que este pasado 5 de junio acudiera a la prórroga de los cinco años que, en efecto, recogía el contrato, cuando dos años antes, en diciembre de 2018, «la prórroga había sido expresa y válidamente denunciada por la Junta de Gobierno » que preside Abel Caballero . Es más, después «se realizaron trabajos tendentes a licitar el nuevo contrato», uno de los más jugosos de España, al transportar a más de 22 millones de viajeros cada año.
Justificaciones «no válidas»
Pero, sorprendentemente, en apenas tres días, los que van del 3 al 5 de junio de este año, el Concello tramita a toda velocidad una prórroga de cinco años , extensible a otros cinco, de acuerdo a las cláusulas del contrato firmado en 1995. Se justifica «en la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y en los efectos del Covid», pero para Canedo «ninguna de las dos argumentaciones sirven para amparar la actuación administrativa», porque en su opinión, «realizada una válida y expresa denuncia de la prórroga, resulta obvio que la misma deja de resultar posible».
Pilar Canedo, titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho Transnacional en la Universidad de Deusto, es una jurista especializada en cuestiones de competencia con una nutrida trayectoria , y de hecho fue presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia entre 2012 y 2017. A su juicio, el Concello tenía otras alternativas distintas a los cinco años de prolongación.
Por un lado, podía extender el contrato «al tiempo suficiente para adjudicar» uno nuevo , en caso de que el estado de alarma y el confinamiento forzoso hubiera dificultado el procedimiento administrativo. Por otro, el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente a los efectos del Covid permitía compensar a los concesionarios de servicios públicos «para el restablecimiento del equilibrio económico» con una ampliación «de su duración inicial hasta un máximo de un 15%», lo que en el caso de Vigo habrían supuesto 3 año y 9 meses.
Vitrasa, la adjudicataria del servicio de transporte urbano de Vigo, pertenece al grupo Avanza, que opera en quince ciudades de España. La concesionaria no se porta mal con Abel Caballero . Fue la responsable costear el polémico cartel en el metro de Madrid que anunciaba las Navidades en la ciudad con la cara del alcalde. Y en la última campaña electoral de 2019, corrió con los gastos de restauración de un tranvía que se instaló en la Avenida de Castelao, en el acceso a la playa de Samil, y que el propio Caballero inauguró sin rubor siete días antes de ir a votar.
Cuatro días más tarde de que la CNMC decidiera no impugnar la prórroga del contrato del autobús urbano de Vigo, aunque reconociera que había margen para ello, el alcalde Abel Caballero salía al rescate del Gobierno forzando con su voto de calidad que la FEMP avalara el primer decreto de Hacienda para el uso de remanentes, que acabó por naufragar en el Congreso a las pocas semanas.
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