El administrador judicial de Alu Ibérica pedirá a Alcoa que afronte los impagos a la plantilla

Dos semanas después de hacerse cargo de las plantas de aluminio de Alu Ibérica en La Coruña y Avilés, el administrador judicial Ramón Juega ha comenzado a mantener reuniones con los comités de empresa de ambas factorías. El martes por la tarde lo hizo con los trabajadores gallegos y esta mañana con los asturianos. Tras el encuentro, el comité de Avilés informó de que Juega les anunció que van a realizar un requerimiento a Alcoa, la antigua propietaria de las fábricas, para que «abone los impagos a los trabajadores».

Juega está intentando averiguar cuál es la situación financiera de la factoría, después de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, decidiese a finales de julio apartar de la gestión al Grupo Riesgo. La magistrada decidió nombrar al administrador judicial ante la sospecha de que los actuales propietarios podrían estar desmantelando las plantas para su propio beneficio. En 2019, Alcoa vendió por un euro al fondo de inversión suizo Parter las dos factorías después de un largo proceso tutelado por las administraciones. Pero apenas unos meses después, Parter las revendió al Grupo Riesgo por trece millones en una operación opaca que también investiga la Audiencia. El conglomerado de empresas de Victor Domenech no desembolsó ni un céntimo en la transacción, dado que los 13 millones los tomaron prestados de la caja de Alu Ibérica. En su comparecencia ante la jueza, el Grupo Riesgo se comprometió a poner el dinero, informó en su momento Alu Ibérica.

Según un comunicado de prensa remitido por el comité de empresa de Avilés, «las primeras sensaciones» del administrador judicial sobre el estado de la compañía son «preocupantes». «Se debe dinero a proveedores, clientes, plantilla, etc», les transmitió Juega. El administrador está tratando de averiguar cuál es el estado real de la contabilidad de la planta. Antes de su llegada a las factorías, la jueza había determinado que unos interventores vigilasen la gestión del Grupo Riesgo y concluyeron que la empresa podría estar en peligro de insolvencia . En el informe remitido alertaban de las dificultades para poder comprobar el estado de las cuentas ante la falta de colaboración de los gestores.

Desde que se hizo cargo de las fábricas de aluminio, Juega se ha puesto en contacto con clientes, proveedores, administraciones y entidades bancarias para poder tener una visión actualizada, indica el comité. «Lo primero es tener acceso y control a toda la documentación, para poder construir la contabilidad de la planta ya que la más reciente que tienen es de 2018», añade. El administrador no conoce «el agujero financiero actual, ni los saldos que hay en las cuentas bancarias».

En los próximos días pretende recabar toda esta información para elaborar un informe que presentará a los trabajadores de La Coruña y Avilés en la primera semana de septiembre . A partir de ahí se podrá empezar a analizar cuál será el futuro de las factorías, si tienen posibilidades de continuar operativas o están abocadas al concurso. El Ministerio de Industria, la Xunta y los sindicatos acordaron a finales de junio crear dos mesas técnicas para intentar elaborar un plan industrial que suponga una opción de continuidad para cada una de las industrias.

Entre tanto, el administrador judicial trasladó al comité de Avilés que realizará un « requerimiento a Alcoa para que abone los impagos a los trabajadores y están valorando opciones para minimizar el impacto de la inactividad en la plantilla». Además de venderlas por un euro, la multinacional estadounidense se comprometió a desembolsar 115 millones de dólares, de los que 95 eran apoyo financiero para Parter. La plantilla coruñesa tiene prevista una concentración de protesta mañana frente a la Delegación del Gobierno, en la que informarán del contenido de la reunión con Ramón Juega