Los interventores detectan posible riesgo de insolvencia en Alu Ibérica

Hace dos meses, la jueza instructora de la Audiencia Nacional, María Tardón, ordenó la entrada de interventores en las plantas de Alu Ibérica en La Coruña y Avilés para vigilar su gestión. Tardón sospechaba de un posible saqueo patrimonial de las plantas que anteriormente habían sido propiedad de Alcoa . Los supervisores enviados por el juzgado ya han elaborado su informe sobre la situación de las factorías. En el documento alertan de un «posible riesgo de insolvencia» , apuntan a que la gestión actual «puede suponer un prejuicio en el patrimonio de las sociedades» y acusan a los actuales propietarios, el Grupo Riesgo, de ocultarles información. Por todo ello solicitan a la jueza que dé un paso más y aparte a los gestores para nombrar a un administrador judicial.

En la mañana de ayer se celebró una vista en la Audiencia, en la que Tardón recibió el informe y escuchó a las partes. La investigación de la instructora partió de una denuncia del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), que representa al colectivo de mandos con cierto grado de responsabilidad. «No conozco una situación tan escandalosa de asalto a una empresa», indica Juan Antonio González, secretario general de CCP . Tras el «demoledor» informe de los interventores, González c onfía en que finalmente se aparte al Grupo Riesgo de la gestión de las factorías. El sindicato cree que las verdaderas intenciones de los propietarios pasan por desmantelar la fábrica, vender todo aquello que puedan y dejarla abocada al concurso de acreedores.

En 2019, Alcoa vendió por un euro al fondo suizo Parter Capital las plantas de Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las administraciones, que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo. En el auto en que Tardón decretaba la intervención de las factorías, se desvelaba que Riesgo pagó al fondo suizo 13 millones para adquirir las factorías. Pero no tuvo que poner ni un solo euro de su bolsillo. Con cargo a los fondos de las propias factorías, se le cedió el dinero a Riesgo para pagarle a Parter. Teóricamente esa cuantía económica debería estar en una cuenta en Suiza y la jueza ya ha ordenado que se investigue. Desde CCP consideran que esta operación supone un delito, pero los abogados del Grupo Riesgo no lo ven de la misma manera. «Es asistencia financiera y está recogido en la administración mercantil», sostiene Víctor Mercedes, del bufete Baker McKenzie. Mercedes explica que se usó esa fórmula por recomendación de Parter, que quería que la venta no se demorase y asevera que ya se han comprometido ante la jueza a «devolver ese dinero inmediatamente, aportando un aval en 20 días».

El Grupo Riesgo pensaba presentar durante la vista un informe pericial realizado por la empresa Kroll en el que aseguran que las factorías «no se encuentran en estado actual o inminente de insolvencia y, por tanto, no se dan los supuestos necesarios para que deban solicitar concurso de acreedores». Según el letrado de Alu Ibérica, «en caja hay diez millones de euros» y los auditores no apreciaron ningún riesgo de descapitalización de la compañía. Aunque no entró en el tema en la vista, la magistrada sí ha solicitado estos documentos y los analizará antes de decidir si las plantas pasan a ser administradas judicialmente o directamente se nombra a un administrador para que entren en concurso de acreedores.

En el informe de los interventores que han estado un mes en las factorías también se acusa a Riesgo de no colaborar ofreciendo la documentación requerida. «La empresa no tenía capacidad para cumplimentar los plazos de inmediato», indica Mercedes . Lo justifica aseverando que la compañía dependía en el pasado de otros gestores y en la «conflictividad laboral» en la que está inmersa. «No existe ninguna justificación aceptable», dicen los interventores, para que la empresa «no haya remitido sus cuentas anuales» . Las sociedades tampoco entregaron sus presupuestos de tesorería, que están obligados a tener.