El exministro Campo cumple justo el tiempo real como juez para entrar en el Constitucional

La Ley Orgánica del TC estipula que sus miembros deben tener «más de quince años de ejercicio profesional o en activo» como magistrados, fiscales o profesores de Universidad. Campo los cumple por poco ejerciendo como juez. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor a finales de 2018 –concretamente el 28 de diciembre, Día de los Inocentes– también computa a los jueces a efectos de antigüedad todo el tiempo que estén en situación de servicios especiales. Una suerte de excedencia o puerta giratoria blindada para dedicarse a la política durante años e incluso décadas, pero conservando todos sus derechos de juez, incluida la antigüedad.

Campo accedió a la Carrera Judicial en 1987 y ascendió a la categoría de magistrado en 1989. Sólo ocho años más tarde, en marzo de 1997, ya estaba en política como director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. Encadenó este cargo con el de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE desde 2001 hasta 2008. A principios del año siguiente se convirtió en secretario de Estado de Justicia durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta finales de 2011.

Noticia Relacionada

Campo, primer exministro que llega al Constitucional en más de 40 años

Jorge Navas

Sólo hay dos precedentes al principio de la Transición, Manuel Jiménez de Parga y Aurelio Menéndez, que fueron ministros pocos meses y antes de que se creara el Tribunal de Garantías

Con la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno, Campo tuvo que reincorporarse a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde pasó menos de tres años, porque en noviembre de 2014 volvió a la política de la mano del PSOE como secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía.

Tampoco duró mucho en ese cargo, ya que al año siguiente se convirtió en diputado del PSOE en el Congreso. Y así hasta principios de 2020, cuando Sánchez le nombró ministro de Justicia en sustitución de la también socialista Dolores Delgado, a la que recolocó al frente de la Fiscalía General del Estado.

Campo no retomó la toga, esta vez en la Audiencia Nacional, hasta septiembre del año pasado, después de que el propio Sánchez le sustituyera por Pilar Llop. Catorce meses después, vuelve a ser nombrado por el PSOE para otro cargo público, esta vez magistrado del órgano que controla la constitucionalidad de las decisiones del Gobierno, entre otros asuntos.

Su breve paso por la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto otra circunstancia que Campo arrastrará al Tribunal Constitucional: la obligación de abstenerse en muchos asuntos judiciales por una trayectoria política tan marcada que compromete su apariencia de imparcialidad en no pocos casos. Sólo en el último año se ha tenido que abstener en cuestiones con tanta carga política como los casos Dina, Kitchen o Tsunami Democràtic, que afectan a Podemos, PP y los secesionistas catalanes, respectivamente.

De hecho, en los 14 meses largos que ha pasado en la Audiencia Nacional sólo ha sido ponente de cinco sentencias: dos en febrero, una en marzo, otra en junio y la última en octubre. Y todas ellas por cuestiones sin connotaciones políticas o ideológicas, como prostitución infantil, abusos sexuales, tráfico de drogas o terrorismo yihadista.

Así, Juan Carlos Campo llegará al Tribunal de Garantías habiendo redactado muchas menos sentencias que el resto de sus compañeros de carrera. Según el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del CGPJ, en la última década ha sido ponente de las cinco mencionadas en la Audiencia Nacional y otras 416 en la Audiencia Provincial de Cádiz. En el mismo periodo muchos de sus compañeros han redactado más de 2.000.