Juzgan al exalcalde de Pego por pagar con dinero público la limpieza de unos arrozales

La Audiencia Provincial de Alicante ha juzgado este miércoles al exalcalde de la localidad alicantina de Pego Carlos Pascual , acusado de un delito de prevaricación por pagar con dinero público la limpieza de unos arrozales de una comunidad de propietarios particulares, sin los preceptivos informes previos. Según la calificación fiscal, Pascual habría incurrido en prevaricación al autorizar, en el año 2003, el pago de 399.821 euros a una empresa por la limpieza de los arrozales situados en el parque natural de La Marjal. La acusación pública pide una pena de nueve años de inhabilitación.

Es la segunda vez que Pascual se enfrenta a la justicia por su política sobre el cultivo de arroz en La Marjal de Pego-Oliva . El exalcalde pegolino fue el primer cargo público de España en ingresar en prisión condenado por un delito ecológico, al promover entre 1996 y 1998 la recuperación de cultivos arroceros en el interior de la zona protegida el parque natural.

Según la sentencia por la que ingresó en prisión, Pascual quemó vegetación de La Marjal de forma intencionada , rebajó el nivel del agua del humedal, instaló bombas para extraer agua y construyó caminos y diques para facilitar el paso de vehículos por la zona, para favorecer el cultivo de arroz. Todo ello basándose en un plan local declarado ilegal y sobre una zona del parque natural de especial protección. A consecuencia de estas actuaciones, 600 hectáreas del parque quedaron afectadas , con peligro de desecación.

El exalcalde de Pego ingresó en la prisión de Picassent finalmente en mayo de 2007 , después de ver cómo todos sus recursos eran rechazados y el Gobierno le negaba el indulto que había solicitado por razones humanitarias. En este tiempo ha cumplido condena también en el centro penitenciario de Villena y, finalmente, en el de Alicante, en Fontcalent.

Pero el delito ecológico no ha sido el único encontronazo de Pascual con la justicia desde que abandonó el cargo en 2003 . Cuando había cumplido casi la mitad de la condena (de seis años) por el delito ecológico, en 2009 el político resultó condenado a otros cuatro años por agredir al jefe de la Policía Local en 2001. No obstante, en 2013 accedió al tercer grado, con seis años cumplidos de internamiento sobre diez, y solo tenía que regresar al centro penitenciario de Fontcalent por la noche.

Por el camino, Pascual acumuló una tercera condena, que no llevaba aparejada la privación de libertad . Fue condenado en septiembre de 2010 a siete años de inhabilitación por prevaricar al suspender de empleo y sueldo al sepulturero municipal, de forma «arbitraria», en 2001.

Ahora se enfrenta a su posible cuarta condena relacionada con el ejercicio de su cargo, en el que estuvo entre 1995 y 2003 , primero como candidato de Unió Valenciana, luego del PP y finalmente como independiente hasta que perdió las elecciones.