POSIBLES IRREGULARIDADES
El exalcalde de Pego se enfrenta a su posible cuarta condena en un nuevo juicio
El fiscal pide 9 años de inhabilitación para Carlos Pascual por pagar 400.000 euros a una empresa para limpiar arrozales junto al marjal, fuera de la competencia municipal
El exalcalde de Pego (Alicante) Carlos Pascual se sentará de nuevo en el banquillo por un juicio del que puede salir con su cuarta condena en los tribunales, en este caso por autorizar y ordenar el pago de facturas por un importe cercano a los 400.000 euros a una empresa por la realización de trabajos de limpieza en las tierras de arrozales de Pego-Oliva , de los que el Ayuntamiento no era propietario y eran competencia de una comunidad de regantes privada.
Según el escrito del fiscal, el acusado incumplió todas las formalidades legales como la elaboración de un contrato administrativo, la consignación presupuestaria o la aprobación de un proyecto o memoria. Por ello, pide para él una pena de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En prisión entre 2007 y 2013, el exalcalde de Pego ya ha sido condenado por delito ecológico -en 2004, cuando se convirtió en el primer cargo público de España encarcelado por este tipo de irregularidad-, también por agredir al jefe de la Policía Local y por suspender de empleo y sueldo al enterrador.
Pascual, en una entrevista para ABC , se había autoimpuesto el exilio si finalmente ingresaba en prisión. «Si piso la cárcel me voy de España, porque no quiero que mi DNI diga que soy español», declaró, si bien en 2014 incluso regresó al ayuntamiento, aunque solo como espectador en las sesiones plenarias. A su mujer, Maite Ferrándiz , la apartó el presidente provincial del PP, José Císcar, como alcaldable de los populares, cuando era la presidenta local del partido, en la últimas elecciones municipales.
En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía sostiene que el entonces primer edil ordenó el pago de las facturas por estas tareas «a sabiendas de su injusticia», ya que «incumplió todas las formalidades legales necesarias» al prescindir de contrato administrativo, consignación presupuestaria, un proyecto o una memoria previamente aprobada.
Los arrozales no eran propiedad del Ayuntamiento sino privados, por lo que la competencia para su limpieza y otros trabajos de cuidado en ellos correspondía a la Comunidad de Regantes del marjal.
De hecho, dos convenios de colaboración fechados en 1996 y 2003 recogían «la financiación y adhesión por parte del Ayuntamiento en todas las actuaciones que lleve a cabo la comunidad de regantes de los arrozales de Pego-Oliva», pero no incluían en modo alguno «la contratación ni la ejecución por parte del mismo», relata la fiscalía.
El segundo de estos convenios sí establecía una colaboración económica por parte del Consistorio, aunque limitada a 120.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condenó en 2007 a la corporación a abonar los casi 400.000 euros de la limpieza de los arrozales.
Pascual, que era alcalde de Pego por un partido independiente , ha cumplido una pena de seis años de prisión por un atentado ecológico que afectó a 600 hectáreas del parque natural del marjal Pego-Oliva entre 1996 y 1998.
La sentencia establecía también seis años de inhabilitación para él y el pago de una multa de 7.920 euros tanto por el delito medioambiental como por otro de quebrantamiento de medida cautelar y un delito atentado contra funcionario público en la persona del entonces director del parque natural, Vicente Urios .
El tribunal también condenó al exconcejal de Agricultura José Orihuel , quien era a su vez presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, a tres años de prisión e inhabilitación para cargo público electivo y al pago de la misma multa.
Especulación con el suelo
Según declaró probado la Audiencia Provincial , y ratificó tiempo después el Tribunal Supremo , los procesados llevaron a cabo actuaciones prohibidas en el parque para recuperar los cultivos de arroz y lograr una revalorización de las fincas particulares ubicadas en el lugar.
Así, autorizaron la quema de vegetación sin permiso alguno de la Conselleria de Medio Ambiente , la rebaja del nivel de agua del humedal con la instalación de bombas y la construcción de diques y caminos para facilitar el paso de vehículos, lo que provocó una masiva mortandad de peces y la amenaza de desecación del marjal .
La mayoría de esas obras, que prosiguieron pese a la orden de paralización dictada por un juzgado de Dénia, fueron ejecutadas por la mercantil Ruzafa SL , la misma a la que Pascual ordenó pagar los trabajos de limpieza por los que se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados.
