Valencia
Compromís denuncia que 22 trabajadores de la Diócesis cobraron como profesores sin dar clase
La coalición sostiene que esyta práctica se extendió durante una década y lleva los hechos a la Fiscalía Anticorrupción
La diputada de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que la Generalitat ha pagado durante una década las nóminas de 22 puestos de profesores de Religión que en realidad no daban clase, sino que prestaban sus servicios en las tres diócesis de la Comunitat.
La denuncia reclama que se exijan responsabilidades a los consellers de Educación durante esa época, que en principio iría de 2005 a 2014, María José Catalá y Alejandro Font de Mora, y a los arzobispos de Valencia Antonio Cañizares, Carlos Osoro y Agustín García Gasco, según ha señalado Navarro en rueda de prensa.
A su juicio, este "apaño" para intentar dar "apariencia de legalidad" a una "financiación ilegal de la Iglesia Católica" puede haber costado a las arcas públicas "como mínimo 9 millones de euros ", ya que esos puestos de trabajo conllevaban el sueldo de jefe de departamento, unos 1.800 euros netos al mes.
Navarro ha explicado que en el año 2014 funcionarios del departamento de Personal de Educación detectaron que se estaba produciendo esa duplicidad de puestos y solicitaron una regulación, para lo que la Conselleria propuso incorporar en el decreto sobre personal asesor técnico docente a quienes trabajaran en la diócesis.
Sin embargo, ha añadido, la Abogacía de la Generalitat rechazó esa posibilidad , al considerar que se trataba de una arbitrariedad y una cesión ilegal de trabajadores y por tanto no era conforme a derecho, por lo que finalmente el decreto se aprobó el pasado mes de julio sin incluir esa opción.
La diputada ha explicado que, en diciembre de 2014, cuando se detectó la situación de esas 22 personas, volvieron a sus puestos de trabajo en institutos, e incluso hubo una persona que retrasó su incorporación hasta finales de enero al alegar que despachaba con Catalá y con Alberto Fabra y necesitaban sus servicios.
Navarro ha señalado que la denuncia está basada en documentación solicitada por Compromís al Consell, que el anterior Ejecutivo del PP no les facilitó con al argumento de que afectaba a la protección de datos, y que ahora con el cambio de Gobierno en la Generalitat finalmente se les ha entregado.
En su opinión, en este asunto hay una doble responsabilidad: la de los responsables de la Administración educativa, "q ue malversaron presuntamente dinero público para desviarlo hacia la Iglesia Católica", y la de los responsables de la Archidiócesis de Valencia, que son los que la recibían.
"Es normal después que cuando llega la campaña electoral" Cañizares "pide el voto para el PP, porque están muy agradecidos con que el PP les mantenga , les financie, 22 puestos de trabajo de las diócesis", ha añadido.
Navarro ha indicado que las investigaciones podrían ampliar los años en que se produjeron estos casos, y ha señalado que, a falta de lo que determine la Fiscalía, hay indicios de delitos contra la Administración pública y contra los trabajadores, así como falsedad documental.
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