Política
El tripartito valenciano vota en contra de cumplir su propia ley de publicidad en medios aprobada en 2018
La iniciativa presentada por Ciudadanos, que no ha salido adelante por un sólo voto, provoca un rifirrafe con Podemos
El PSPV defiende que el margen de discrecionalidad ha de relajarse en ocasiones para dar ayudas a dedo
Las Cortes Valencianas debatían este miércoles una iniciativa de Ciudadanos sobre la ley de publicidad institucional aprobada en mayo de 2018 por los partidos que sustentan el Consell que venía a instar básicamente a su cumplimiento en varios puntos que actualmente no se han aplicado.
La moción, defendida por el diputado Tony Woodward, destacaba cuatro aspectos sobre los que la Cámara se dirigía al Ejecutivo autonómico: que se presentaran los informes de 2018 y 2019 con los que han de dar cuenta al Parlamento valenciano; que quedaran excluidos de los ingresos los medios de comunicación con publicidad de casas de apuestas como pedía Compromís en una enmienda a la ley del Juego que actualmente se tramita pero que finalmente no salió adelante; o que se desarrolle reglamentariamente la norma como se establece en su disposición segunda. Del grado de cumplimiento de todo ello se tenía que dar cuenta en un mes.
PSPV, Compromís y Podemos, sin embargo, han optado por rechazarlo pese a que se trata de puntos de una ley aprobada por ellos mismos o, en el caso de los segundos, que incluso defendían hace escasos meses. La votación, especialmente ajustada, se ha saldado con 48 noes frente a 47 síes y algún «¡uuuy!» se ha podido escuchar en el hemiciclo.
La tensión ha subido en un momento del debate durante la intervención del parlamentario de Podemos Ferran Martínez, quien ha afirmado que la intención de Ciudadanos era poner en un dilema ético a su grupo para dividir al Botánico. «No lo van a conseguir, porque la alternativa es una derecha tarada », ha comentado, para indignación de la formación naranja. Su portavoz, Toni Cantó, tras espetar a Martínez «qué vergüeza», ha pedido la palabra y le ha preguntado al presidente de las Cortes, Enric Morera, si le parecía normal que llamara tarados a grupos de la Cámara. Éste ha defendido la libertad de expresión, mientras el síndic del PSPV, Manolo Mata, también cogía la palabra para recriminarle a Morera que se la hubiera dado a Cantó. A lo que el presidente le ha cortado justificando que estaba obligado a escuchar.
No suelen ser aisladas las quejas de la bancada de la izquierda respecto a la manera de moderar los debates por parte de Morera, algo que se ha evidenciado de nuevo hoy.
Después del rifirrafe, el pleno ha continuado con normalidad. Woodward ha recriminado al tripartito que dieron 240.000 euros a dedo a un medio de comunicación tras modificar la ley de Acompañamiento en diciembre , en referencia al patrocinio a unas jornadas sobre socialdemocracia organizadas por la Cadena Ser en enero. Una fórmula que pudo ser usada por la Generalitat gracias a que el tripartito cambió el redactado «la contratación (con los medios) nunca podrá realizarse de manera directa» por que no se podrá «con carácter general».
El diputado del PSPV José Muñoz ha argumentado que en la web GVA Oberta se encuentra toda la información sobre publicidad institucional, que el dinero se da en función de criterios objetivos como la audiencia y que, en ocasiones, «el margen de discrecionalidad ha de relajarse para dar a dedo» cuando se trata de un objetivo determinado.
Por su parte, el parlamentario popular Rubén Ibáñez se ha preguntado «qué garantías da un Gobierno que no cumple con las leyes que él mismo aprueba» y ha indicado que la transparencia y la rendición de cuentas no es una opción, «sino una obligación».
Desde Vox, Ana María Cerdán ha pedido que también se tengan en cuenta otros incumplimientos de la ley, como el apartado de prohibiciones, donde señala que no se puede usar la publicidad institucional de manera partidista o personal.
