Tribunales
El socio del hermano de Puig lleva a la Generalitat a los tribunales tras exigirle que devuelva siete subvenciones
Adell Bover critica ante el juez que se les negó el acceso a los expedientes y tuvieron que presentar alegaciones «a ciegas»
El hermano de Ximo Puig justificó subvenciones con un alquiler a su padre y reparaciones del coche de otro hermano
El PP denuncia que la Generalitat tiene un informe bajo secreto de sumario del caso del hermano de Ximo Puig
El administrador de las Canal Maestrat y Kriol, Juan Adell Bover, dos de las productoras audiovisuales investigadas por un presunto fraude de subvenciones y falsedad documental , admitió este miércoles ante el juez que ambas mercantiles han sido objeto de siete expedientes de reintegro de las ayudas concedidas, en este caso, por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano.
En la causa, que parte de una querella del PP, también está investigado el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano , y Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig , como administrador de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.
Durante la comparecencia de cerca de tres horas, a la que ha tenido acceso ABC , Adell Bover explicó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que Educación le pidió que devolviera siete ayudas -seis otorgadas a Canal Maestrat (en concurso de acreedores) y una a Kriol- de distintos años. Precisamente, se investiga la justificación del dinero público que todas estas mercantiles recibieron de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018.
«Se nos realizó un plan de control, se nos negó el acceso al expediente, tuvimos que hacer las alegaciones a ciegas y, a partir de ahí, se nos abrieron siete procedimientos de reintegro de subvenciones», apuntó el empresario a preguntas de la portavoz del Ministerio Público, pues no quiso responder a las de la acusación popular ejercida por el PP.
«Como nosotros no estamos de acuerdo ni en las formas ni en el fondo, actualmente está en el Contencioso-Administrativo », añadió Adell Bover, al tiempo que afirmó que no ha tenido problemas similares con la Generalitat catalana. En ese sentido, la causa está pendiente de que ambas administraciones cifren en sendas auditorías la cuantía exacta que se habría defraudado para conocer si se supera el umbral penal de 120.00 euros .
La fiscal interrogó a Adell Bover sobre las presuntas irregularidades que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial revela en un informe aportado a la causa, en el que los agentes advierten de que se utilizan las mismas facturas para justificar ayudas en la Comunidad Valenciana y en Cataluña.
«Nosotros presentamos una propuesta de gasto y es la Administración la que imputa. No sé en ningún momento lo que van a dar o lo que no, De hecho, no sé ni los gastos que ellos han considerado », apuntó el investigado, en la misma línea de lo declarado por Francis Puig dos días antes . Ambos destacaron en sede judicial que la Generalitat Valenciana no informa del porcentaje de cada gasto que ha imputado para justificar la subvención, algo que sí hace la catalana.
Además, Adell Bover defendió que su relación con Francis Puig es estrictamente «comercial» y «se intensificó» en 2017, por ser la persona de contacto con las productoras que administra y a las que compra o vende «a diario» contenidos, algo muy común, según su testimonio, para cubrir las distintas zonas en las que tienen presencia -Castellón y Teruel- abaratando costes, aunque nunca han compartido trabajadores.
«Ni tengo ni he tenido nunca ningún tipo de relación societaria» con Francis Puig, incidió. También negó tener, a través de él, cualquier tipo de información de las subvenciones antes de que salieran las convocatorias. En ese sentido, puso el foco en que de los cuatro años investigados, las facturas que se aportaron para justificar gastos relacionadas con las productoras de Puig solo suponían el 16,4% del total . El 0,04% si se tienen en cuenta los procesos de reintegro recurridos.
No obstante, la fiscal solicitó que aporte todos los trabajos -y a ello se comprometió la defensa- que se facturaron bajo la denominación «Producción audiovisual» -contenidos que, según Adell Bover, no se pagaban porque se compensaban con otros entre mercantiles- para tener constancia de que realmente existen.
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