El PSOE de Alcoy concede al Casal festero casi el doble de dinero este año que para 2017

El equipo de gobierno municipal dirigido por el PSOE en Alcoy destinará este año a punto de concluir casi el doble de fondos públicos a la organización de las fiestas de Moros y Cristianos que el próximo, una dotación un tanto sorprendente porque hace apenas un mes que había anunciado a la oposición un recorte notable . El misterio que rodea esta contabilidad parece no tener límites.

Más de un año después de que el grupo Compromís exigiera conocer el convenio que regula esta delegación de funciones del ayuntamiento a la Asociación San Jorge , este primer documento oficial conocido ha visto la luz, aunque firmado con fecha de 4 de noviembre y validez hasta final de año, es decir, no llega a dos meses de vigencia y -por decirlo de alguna manera- una regularización contable «a toro pasado», con carácter retroactivo una vez que ya se han producido hace tiempo los gastos y fuera de cualquier actividad festera.

Y lo paradójico es que aflora la aportación de dinero público más importante que se recuerda, 154.000 euros de subvención directa más 10.950 euros no cobrados por la cesión del Teatro Calderón , en total, casi 165.000 euros después de comunicar a todos los grupos políticos que se reducía de unos 135.000 a 90.000.

Sin contar el grueso de los ingresos que recauda el Casal, los 350.000 euros de la venta de sillas para los desfiles, capítulo también llamó la atención de Compromís, que sigue esperando aclaraciones de cómo se regula, por la cesión gratuita de la vía pública. Otro partido de la oposición, Guanyar Alcoi , reclamó las facturas y justificantes de gastos, al igual que dos festeros que llevaron esta opacidad a los tribunales.

Entre las cláusulas introducidas en el convenio, se establecen algunos controles de transparencia, como la obligación de elegir entre tres proveedores diferentes cuando el Casal contrate un servicio por un importe superior a los 18.000 euros.

A menos que los directivos de la Asociación San Jorge opten por el fraccionamiento de los trabajos de mayor envergadura, esta norma les obligará a revisar algunos de sus capítulos de gastos importantes, como el «pago a profesionales» , que rebasa de largo ese umbral de 18.000 euros y probablemente se trata de la consultoría legal, un apartado tan primordial que en los estatutos recién actualizados se consolida con la figura del «asesor jurídico». En lo sucesivo, en caso de que el convenio para el año que viene mantenga esta cláusula, los servicios de abogado tendrán que abrirse al menos a otros dos bufetes para que presenten ofertas.

Además, debería dar cuenta públicamente de estas contrataciones, al tratarse de empresas y no personas físicas, tal como reveló ABC .