Tribunales
La presidenta del TSJ y otros dos jueces decidirán si imputan a Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido
Los tres magistrados del alto tribunal tendrán que analizar los «indicios racionales, serios y fundados» que el instructor expone sobre la participación de la dirigente de Compromís en el presunto encubrimiento del agresor
Ximo Puig, entre la declaración como imputado de su hermano y el futuro judicial de Mónica Oltra
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, y los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres decidirán, a un año de las elecciones autonómicas, si imputan a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , por la gestión que la Conselleria de Igualdad hizo de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada.
Así consta en la diligencia de ordenación de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV notificada este martes a las partes, donde se les comunica la composición del tribunal que deberá decidir sobre la admisión o inadmisión de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
El juez instructor elevó al alto tribunal su solicitud ante la condición de aforada de Oltra como diputada autonómica, al considerar que «existen indicios racionales, serios y fundados» de su participación en el presunto encubrimiento del agresor y el supuesto desamparo a la víctima. En un extenso documento, el magistrado Vicente Ríos también pedía que se asumiera la investigación contra los otros trece funcionarios y cargos políticos imputados en la causa, por su «conexión material inescindible».
Por tanto, en caso de que la Sala de lo Civil y lo Penal diera una respuesta afirmativa, lo más probable -a tenor de la jurisprudencia del Supremo- sería que todo el caso pasará a manos del TSJ, que ya ratificó la condena a cinco años de cárcel -a la espera del recurso al Supremo- impuesta por la Audiencia de Valencia a Luis Ramírez Icardi, el educador que entre finales de 2016 y principios de 2017 abusó de una menor de 14 años en el centro concertado Niño Jesús de la capital del Turia.
Eso sí, antes de pronunciarse, el tribunal pedirá a la Fiscalía, la defensa de la víctima -que ejerce el líder de España 2000, José Luis Roberto- y las acusaciones -Vox y la asociación Gobiérnate de su cofundadora Cristina Seguí- que presenten sus alegaciones. Por tanto, el proceso todavía se alargará durante varias semanas.
Se da la circunstacia de que tanto Antonio Ferrer como Vicente Torres -exfiscal Anticorrupción- ya formaron parte del tribunal que, en mayo de 2021, decidió no imputar a la dirigente de Compromís y a otros cargos de su departamento tras la querella presentada por Seguí, que más tarde llevó a un juzgado de Instrucción y acabó dando pie, junto a la denuncia de Roberto, a la causa abierta actualmente.
La Sala -con Carlos Climent como presidente- entendió entonces que no podía imputar a Oltra porque no se disponía de «ningún indicio objetivo» de que hubiera ordenado proteger a su entonces marido. La única sospecha existente, según defendió el tribunal, partía de que todos los implicados estaban vinculados a Igualdad y que «el afectado fue en su momento» pareja de la consellera. Tampoco la Fiscalía lo apoyó.
Los jueces pusieron el foco en que, al no existir una instrucción previa sobre la actuación de los no aforados que expusiera su responsabilidad, no podían valorar «hasta qué punto ello obedeció a una conducta deliberada así como de quién partió y particularmente si tuvo alguna intervención directa o indirecta» la vicepresidenta del Consell .
La «instrucción parajudicial», en el punto de mira
Sin embargo, los magistrados manifestaron que «todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como "instrucción parajudicial", así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución». Por ello, remitieron a la querellante a un juzgado de instrucción, como así ocurrió.
Tras meses de investigación, el titular del mismo destaca en su exposición razonada al TSJ que Oltra «es la única que ha reconocido públicamente» que conociera la existencia de un proceso judicial en marcha cuando se abrió un expediente informativo , bajo el nombre de «Información Reservada 1/2017». Pese a que tras la declaración de dos altos cargos desmitiendo su versión la vicepresidenta matizara que fuera ella quien ordenara abrir esa «investigación paralela a la judicial carente aparentementede todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», el juez considera que todos los indicios apuntan en esa dirección.
Es este el punto más controvertido de la causa, pues pese a que la consellera ha asegurado que quiso conocer los fallos del sistema, el estado de la joven, «saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima a Espill, por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta…», el objetivo del informe no era ese: se orientó a « desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».
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