POLÍTICA
El PP estudia llevar a la Fiscalía los nombramientos «a dedo» en los hospitales públicos valencianos
María José Catalá denuncia que «hay dudas» en el procedimiento de selección de los puestos directivos de los centros
El PP se encuentra estudiando la posibilidad de llevar a la Fiscalía los nombramientos «a dedo» por parte de la consellera de Sanidad , Carmen Montón, en varios hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Así lo anunció ayer la portavoz adjunta en las Cortes, María José Catalá, durante el debate de una moción presentada por el grupo parlamentario popular en la que pedía que la comisión de valoración realice una revisión de las adjudicaciones realizadas en las distintas plazas de gerentes de los departamentos de salud pública.
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Ésta fue rechazada por PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos al entender, según expuso el diputado socialista Ignacio Subías, que «no tiene absolutamente ningún sentido» porque «no aporta nada» y «sólo intenta hacer ruido». Además, criticó que los populares, «los máximos representantes de la falta de transparencia, llevan meses poniendo en duda nombramientos de profesionales con experiencia, intentan manchar sus nombres».
«Los miembros de algunas comisiones de valoración manifestaban amistad con los candidatos elegidos»
María José Catalá
diputada del PP
Catalá, por su parte, defendió esta revisión porque «hay dudas en el procedimiento» ya que los miembros de algunas comisiones de valoración «manifestaban amistad con los candidatos elegidos», lo que es «causa de incompatibilidad».
También denunció que Mónica Almiñana fuera designada la nueva gerente del hospital La Fe «frente a otra candidata con mayores y mejores acreditaciones para ocupar esa plaza». Para Català, el «único mérito» de Almiñana es ser exsenadora del Partido Socialista de Cataluña y «amiga política» de la consellera de Sanidad.
El pasado 10 de febrero, las Cortes aprobaron estudiar los casos de enchufismo en los puestos directivos de los hospitales de la Comunidad Valenciana. La propuesta del PP, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Podemos (lo que propició que PSPV y Compromís quedaran en minoría con el voto en contra) instaba a la Generalitat a crear una comisión de seguimiento de los 202 nombramientos de altos directivos en los centros por parte de la Conselleria de Sanidad.
La moción del grupo popular supone que este órgano estudie el proceso, desde las bases de selección hasta la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de los nombramientos definitivos de cada una de las plazas.
Transparencia
Según criticó el PP, « no se informa de los procedimientos de provisiones de plazas , sin hacerlo ni siquiera a los propios candidatos, menoscabando los derechos de los profesionales a recurrir, impugnar o simplemente conocer cuáles han sido los criterios para dichas conclusiones». Algunos de estos aspirantes, de hecho, ya denunciaron a ABC la «falta de transparencia» en las designaciones .
El caso más controvertido es el de la exsenadora del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Mónica Almiñana como gerente de La Fe. Al no cumplir con el requisito de ser personal estatutario -tener plaza de funcionaria en la Sanidad valenciana-, Montón decidió convocar un concurso con unas bases «a medida» para que Almiñana pudiese optar. Pero se presentó otra aspirante, la psiquiatra Mayte Lázaro, a quien finalmente rechazó la comisión de valoración, como esperaba, y ha llegado a presentar un recurso contencioso contra la decisión de la Conselleria.
A este le siguieron el de una candidata en la lista de Compromís por Picanya durante las pasadas elecciones municipales como subdirectora médica del Hospital de Llíria y el de un integrante de la lista de Podemos para las autonómicas como subdirector médico del Arnau de Vilanova.
Entre las contrataciones a dedo también se encuentran las de una decena de miembros del PSPV ascendidos a gerentes o jefes de departamento en hospitales o centros de salud. La mayoría de ellos son exalcaldes y exconcejales de localidades como Sagunto, Castellón, Elche o Valencia. Especialmente destacado es el caso del exprimer edil de Benimodo, quien ocupa la subdirección general de Recursos Económicos de la Conselleria. Está imputado por un delito contra el Patrimonio y la fiscalía pide para él más de dos años de cárcel.
Los socialistas siempre han defendido la «legalidad» de todos los procedimientos establecidos y han criticado los casos de enchufismo en los mismos puestos durante la etapa del PP .
