Política

Podemos obliga a PSPV y Compromís a apoyar una iniciativa del PP sobre los centros de empleo para discapacitados

Las Cortes instan por unanimidad al Consell a que realice todos los pagos correspondientes a 2016

María José Catalá y Mónica Oltra, en las Cortes MIKEL PONCE
Rosana B. Crespo

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El Consell tendrá que abonar las subvenciones de 2016 a los 28 centros especiales de empleo que dan trabajo a 8.500 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana y que todavía no han cobrado.

La patronal que los agrupa, Agevalcee, anunciaba a comienzos de mes que interpondría un recurso contencioso-administrativo contra el Servef ante los impagos de unos 14 millones que el organismo, dependiente de la Conselleria de Economía, acumula desde el año pasado.

El PP decidía entonces llevar al pleno de las Cortes Valencianas de este miércoles una proposición no de ley para exigir el pago de las ayudas que ya contaba con el apoyo de Ciudadanos y hasta última hora del martes era negociada con Podemos .

La formación morada, partidaria de avalarla, trasladó a los populares su voto favorable a cambio de que aceptaran una enmienda en la que se especificaba que se cubrieran todas las solicitudes de subvenciones destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad que cumplieran con los requisitos. También que se procediera al pago de 2016 una vez sean incorporados los remanentes de la caja.

Igualmente, añadían un punto en el que pedían al Consell que instara al Gobierno de España a que en los presupuestos de 2017 ampliara la dotación para financiar políticas activas de empleo en la Comunidad Valenciana, entre ellas las dirigidas a personas con discapacidad en centros especiales.

El PP incorporó estas consideraciones de Podemos, con lo que las negociaciones de la iniciativa entre ambos partidos obligaba a PSPV y Compromís a sumarse este miércoles y que la propuesta saliera adelante por unanimidad.

Retrasos

El debate, sin embargo, no ha estado exento de reproches. La diputada popular María José Catalá, defensora de la propuesta, ha denunciado que el Gobierno autonómico «no quiere dar una solución» a estos 28 centros que se han quedado sin las subvenciones que cubren los salarios de las personas con diversidad funcional que trabajan en los mismos pese a que el Estado destinó en 2016 un total de 38 millones para las políticas de ocupación en la Comunidad Valenciana.

«Llegan unos fondos del Estado y hay que aplicar unas prioridades, y es ésta; no voy a meterme en dónde Economía ha destinado estos fondos», ha señalado, para indicar en referencia al Consell que «cuando uno se equivoca tiene que intentar resolverlo».

El parlamentario de Podemos David Torres ha mostrado la «sintonía» de su grupo con la propuesta del PP, aunque ha afirmado que esta cuestión «no es solo responsabilidad de este Consell, también del Gobierno de España», que según ha apuntado debería concretar las actividades a las que van destinadas esos 38 millones de euros.

Por su parte, la diputada de Compromís Mónica Àlvaro ha asegurado que el Consell es «consciente» de las demoras y ha puntualizado que se han mantenido reuniones entre el Gobierno autonómico y las diversas asociaciones implicadas al tiempo que se ha constituido una mesa técnica para buscar una solución a esta cuestión.

Así, ha defendido la labor «encomiable» de la Conselleria y se ha referido a las que «no lo fueron tanto» por parte del anterior Gobierno autonómico, citando diversas noticias sobre protestas de asociaciones y colectivos de personas con discapacidad contra recortes del PP.

En esta línea, la parlamentaria del PSPV Concha Andrés ha apuntado que el problema de pagos en estos centros «no es reciente» . «Es innegable que ha habido un problema de financiación, el Consell ha dicho lo siento, hemos aumentado cuatro millones el presupuesto para los centros respecto a 2015, pero no se han podido atender todas las necesidades de los centros que cumplían los requisitos».

La socialista ha agregado que el Ministerio no envió el dinero hasta el 23 de diciembre de 2016, al tiempo que ha afirmado que el cierre de algunos centros se debe a la crisis económica, y no a los retrasos en las subvenciones.

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