Mónica Oltra pide al TSJ que no la impute por la gestión de los abusos de su ex: «Son meras elucubraciones»

Insiste en que no hay «indicios objetivos de criminalidad que justifiquen la apertura de un proceso penal» ni «consta la existencia de ningún hecho que justifique que se realizaron actuaciones encaminadas a encubrir los hechos denunciados por la menor y en perjuicio de ésta», entre 2016 y 2017. Tampoco «se concretan» los delitos presuntamente cometidos. De hecho, sostiene que la premisa sobre la que parte el juez instructor -la apertura de una investigación paralela a la judicial para desacreditar a la menor- ni es cierta, ni está acreditada: «Son meras elucubraciones» .

En ese sentido, apunta a una «extralimitación valorativa» en los fallos de la Audiencia de Valencia y la ratificación posterior del TSJ que condenaron a Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión -a la espera del recurso en el Supremo- y que cuestionaban la protección que la Generalitat había ofrecido a la víctima de 14 años sobre su agresor, un educador de la residencia en la que vivía.

Oltra está personada en el caso como «interesada» desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitara su imputación al TSJ por ser aforada. Este viernes la Fiscalía se sumaba a esa petición aludiendo a la existencia de «indicios relevantes» contra la dirigente de Compromís que ahora sus abogados rechazan en un extenso recurso -de más de una treintena de páginas- al que ha tenido acceso ABC y en el que intentan desmontar las afirmaciones -«abiertas y/o posibilistas»- contenidas en la exposición razonada elevada al alto tribunal para que la consellera comparezca como imputada.

«Ningún funcionario de la Generalitat, ni trabajadores de entidades colaboradoras recibieron orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente , por parte de doña Mónica Oltra para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor», reza el escrito en referencia al polémico informe exculpatorio confeccionado por Igualdad cuando el caso ya estaba en manos de los tribunales y se había decretado una orden de alejamiento.

Fue ese, precisamente, el momento en el que defiende que la vicepresidenta autonómica conoció los hechos. Concretamente, e l 4 de agosto de 2017 , cuando llegó a su casa una notificación judicial. Pese a que aseguran que se colaboró con la Fiscalía de Menores durante todo el verano y se remitió ese documento el 1 de diciembre, se traspapeló y no se incluyó en el juicio contra Icardi y motivó la repetición parcial de la vista oral con idéntico resultado.

La niña relató los abusos en febrero de ese año, pero las responsables del centro Niño Jesús de Valencia no la creyeron, hasta que en junio, de forma casual, contó lo sucedido a dos agentes de la Policía Nacional , que dieron parte al Ministerio Público.

El instructor Vicente Ríos señaló a Oltra como la responsable de abrir ese expediente reservado. De hecho, ella misma lo corroboró en una declaraciones que fueron solicitadas por el magistrado. La consellera sostuvo en un primer momento -el 7 de marzo de 2022- que fue ella quien mandó realizar ese informe para conocer los fallos del sistema , el estado de la joven, «saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima a Espill -el instituto encargado de estos casos-, por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta…».

«(…) ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz…», subrayó. «Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: «Oiga averígüese aquí que ha pasado» .

Sin embargo, más tarde -el 25 del mismo mes- se desdijo y se alineó con la versión ofrecida ante el mismo juez por la directora de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y la subdirectora Gemma Plaza. Fueron ellas quien dieron una orden el 8 de agosto, asevera el recurso, que no supone «la comisión de ningún ilícito penal», pues su apertura tiene «justificación y funcionalidad propia a los fines que definen el funcionamiento de la administración».

La portavoz del Gobierno de Ximo Puig realizó en un primer momento, justifican sus letrados, «unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia que sentía al pensar que esa imputación no era más que la instrumentalización penal que estaba conllevando poner en tela de juicio la profesionalidad de todas las funcionarias y funcionarios de la consellería que habían tenido intervención, así como de los distintos profesionales intervinientes».

Además, apuntan a la tesis de la «cacería de la extrema derecha» que Oltra ha venido repitiendo en los últimos meses, al referirse a la posible apertura de un procedimiento -a la espera de lo que decidan los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del alto tribunal- con un «marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria», pues pretende «extraer réditos políticos».

Al respecto, la causa tiene su origen en una denuncia de la víctima -representada por el abogado José Luis Roberto, líder de España 2000- y una querella paralela de la asociación Gobierna-te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí. La formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular.