Política

Mónica Oltra se desdice y afirma ahora que no encargó el expediente sobre el caso de abusos de su exmarido

La vicepresidenta de la Generalitat señala que sus declaraciones buscaban avalar el trabajo del alto cargo que dijo ante el juez que actuó por su cuenta

La jefa de servicio de Infancia descarga sobre una técnico los errores en la gestión de los abusos del ex de Mónica Oltra

Audio íntegro con las declaraciones de Mónica Oltra sobre el caso de su exmarido que ha pedido el juez

Imagen de archivo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra ROBER SOLSONA
Toni Jiménez

Toni Jiménez

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Las últimas declaraciones judiciales han dado un nuevo giro a la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia contra trece cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. El magistrado investiga la gestión que hicieron de los abusos a una menor tutelada de 15 años por parte de un educador del centro en el que residía, entonces marido de Mónica Oltra , titular del departamento autonómico.

La también vicepresidenta autonómica –que no figura como imputada– se ha desdicho y ha negado este viernes que pidiera a sus subordinadas abrir un expediente informativo sobre los hechos ocurridos entre finales de 2016 y principios de 2017, tras ser conocedora de los mismos por su parentesco con el agresor y no por su condición de consellera.

Oltra siempre ha defendido que conoció los abusos el 4 de agosto de 2017 , cuando llegó una notificación judicial –la orden de alejamiento– a su domicilio. Cuatro días después y pese a que el caso ya estaba judicializado, Igualdad inició un expediente que el juez de instrucción ha calificado como una «investigación paralela» y que la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al educador Luís Ramírez Icardi a cinco años de prisión ya puso en el punto de mira, puesto que sus conclusiones no daban credibilidad al relato de la menor.

«No hice una expresión literal a la directora general en el sentido concreto y literal de abrir un expediente informativo. No ordené ‘ábrase un expediente informativo’, ni siquiera hable con la directora general en aquellos días . Lo que yo trasladé en ese momento fue la necesidad de saber qué había pasado y se lo trasladé al jefe de gabinete», ha apuntado Oltra a preguntas de los periodistas.

Unas declaraciones que distan de las que dio el pasado 7 de marzo: «Yo fui quien encargué el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: ‘Oiga, averígüese aquí qué ha pasado’. Punto, no hay más». Con ello, pretendía «saber qué actuaciones se habían realizado». El instructor solicitó una grabación de las mismas pues, tal y como indicó en un auto, ese informe «no se orientó a ninguna de las finalidades antedichas». Su objetivo, tal y como consta en las distintas resoluciones de Igualdad, era «determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima.

Durante sus comparecencias en sede judical el pasado miércoles, tanto la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero , –un puesto de la máxima confianza de Oltra–, como la subdirectora del rango, Gemma Plaza, negaron que la orden de abrir el 8 de agosto el polémico informe la diera la dirigente de Compromís. Ambas investigadas aseveraron que tomaron la decisión por cuenta propia , tras tener conocimiento verbal de lo ocurrido y sin conocer la identidad ni el parentesco del agresor con la portavoz del Gobierno autonómico que preside Ximo Puig.

Para entonces, la Fiscalía había hecho ya varios requerimientos a la Conselleria desde el 6 de julio, tras conocer la denuncia que la menor llevaba reiterando desde febrero. Entre ellos, solicitaba que se le apartara del agresor, algo que no ocurrió hasta el 16 de agosto. Por qué no se atendieron esas comunicaciones antes y qué falló en todo el proceso son algunas de las incógnitas que el titular de Instrucción 15 tiene que dilucidar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, la vicepresidenta ha señalado que sus declaraciones «se enmarcan dentro de un ámbito de declaración política de apoyo al trabajo que había realizado tanto la directora y la dirección general, com las personas funcionarias o profesionales no funcionarios que habían participado en todo esto».

«El sentido que tenían esas palabras era avalar el trabajo hecho por los técnicos y por los directivos de la Conselleria», ha matizado, «en respuesta a una cacería politica de la extrema derecha que lo que quiere es un trofeo político y no duda en utilizar la vía judicial de manera espuria, muy injusta» para, a su juicio, conseguir algo que «de otra forma no puede». «Todo lo que yo tenía que decir sobre esto está dicho el 21 de abril del año pasado», ha reiterado, en referencia a su comparecencia en las Cortes Valencianas.

La causa tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular.

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